En junio pasado y en una acción totalmente contradictoria, según han calificado abogados de las activistas Marilú Andrade y Marisela Ortiz, de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el Estado mexicano, a quien le correspondía garantizar su seguridad e integridad física, solicitó a la CIDH medidas cautelares para éstas.
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"Nació mi abuelo en 1886, esclavo de la Hacienda Grande. El apellido Espinosa mi tatarabuelo lo compró a los españoles. Eramos muy jovencitos, Nacho y yo, cuando formamos un grupo que se llamaba Atenco Unido de San Salvador Atenco (AUSA). Organizábamos marchas para (…)
Viento de Libertad
Proyecto de documentación de los saldos de la represión política en México
