En junio pasado y en una acción totalmente contradictoria, según han calificado abogados de las activistas Marilú Andrade y Marisela Ortiz, de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el Estado mexicano, a quien le correspondía garantizar su seguridad e integridad física, solicitó a la CIDH medidas cautelares para éstas.