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Comunicado conjunto: Organizaciones internacionales identifican fallas preocupantes en la implementación del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en México

Miércoles 29 de abril de 2015, por Comité Cerezo México

Bruselas/Washington, 29 de abril 2015.- Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante la crisis que está frenando la implementación del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en los últimos meses. En febrero y marzo 2015, Víctor Manuel Serrato, Director de la Unidad de Derechos Humanos, quién supervisa el buen funcionamiento del mecanismo, y Lía Limón, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB , quien supervisa la Unidad de Derechos Humanos, dimitieron de sus funciones, dejando al Mecanismo acéfalo y en una situación similar a la de marzo 2014 . Aunque Roberto Campa Cifraín fue nombrado Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos el 23 de abril del 2015, ya pasaron casi dos meses desde la salida del Director de la Unidad de Derechos Humanos y hay poca claridad sobre cuándo se cubrirá esta posición de forma permanente. La ausencia de dirección pone al Mecanismo bajo un alto grado de presión y obstaculiza la función para la cual fue diseñado, poniendo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas (tanto beneficiarios como solicitantes en espera de una aceptación) bajo un riesgo aún más alto.

Aunado a la falta de dirección, nos fueron expresadas varias preocupaciones sobre la grave falta de implementación del Mecanismo de Protección.

  • Recursos inadecuados. La sociedad civil ha expresado preocupación porque la calidad y el número de análisis de riesgo han disminuido considerablemente y hay pocos incentivos para mejorar esta situación. Esto se debe en parte a la falta de recursos de la Unidad de Derechos Humanos. Según miembros del Consejo Consultivo, los analistas de la Unidad han tenido que cubrir ellos mismos sus gastos de viaje desde octubre 2014. La insuficiencia de fondos se refleja en la reducción de recursos puestos a disposición de la Unidad de Derechos Humanos y la falta de espacio físico en la oficina de la Unidad para atender a los beneficiarios y solicitantes. Adicionalmente, la sociedad civil se ha quejado de que no ha habido un seguimiento de la formación impartida a los miembros del personal de la Unidad de Derechos Humanos. La mayoría del personal del Mecanismo está igualmente empleada bajo contratos temporales en vez de contratos indefinidos. Esto genera falta de claridad en los planes de trabajo y en el seguimiento a los casos, así como una sensación general de inestabilidad.
  • Ritmo lento de implementación. Las medidas de protección siguen siendo implementadas muy lentamente. Las personas defensoras y periodistas permanecen en riesgo mientras esperan que las medidas otorgadas durante las Juntas de Gobierno sean implementadas. Por otra parte, la sociedad civil ha informado que hay un seguimiento inadecuado de las medidas una vez concedidas. Señalan que, ante cambios en el nivel de riesgo de una persona defensora o periodista, el Mecanismo no ha sido capaz de responder con eficacia.
  • Falta de claridad en los criterios de admisión de casos. Los casos aceptados se implementan de manera parcial o contradictoria. La falta de criterios y la aplicación arbitraria de las medidas de protección significa que personas defensoras y periodistas corren el riesgo de ser excluidas del Mecanismo de Protección Federal.
  • Falta de medidas de prevención. Aunque un director fue asignado a la Unidad de Prevención, Control y Análisis a principios de 2015, la Unidad aún no está operativa. En consecuencia, no hay información para establecer tendencias o patrones de ataques e incidentes de seguridad llevados a cabo contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. A pesar de que la ley del Mecanismo lo requiera, las medidas de prevención son raramente puestas en marcha porque el análisis necesario para dictarlas no se lleva a cabo.
  • Impunidad. La impunidad generalizada pone a las personas defensoras y periodistas en un riesgo aún más alto ya que hay pocos avances sustanciales en las investigaciones relativas a los delitos cometidos en su contra y como resultado de su trabajo.
  • Falta de responsabilidad compartida. Los miembros del Consejo Consultivo han expresado preocupación sobre el hecho de que la responsabilidad de producir planes de protección efectivos recae principalmente en ellos, debido en gran parte a que las entidades gubernamentales que también participan en las Juntas de Gobierno no han asumido la parte de responsabilidad que les corresponde. A pesar de que los miembros del Consejo Consultivo han demostrado un muy alto nivel de compromiso hacia el Mecanismo de Protección, sus puestos son voluntarios y no remunerados. En consecuencia, el tiempo que le pueden dedicar al Mecanismo es limitado por otros compromisos.

Las organizaciones firmantes reconocen y aplauden los progresos que se han hecho en áreas específicas del Mecanismo de Protección, en particular la capacidad de procesar casos con mayor eficacia en las Juntas de Gobierno. Sin embargo, seguimos preocupadas por las deficiencias antes mencionadas. Es de particular preocupación la aparente falta de voluntad política para resolver estos problemas y para garantizar la estabilidad del Mecanismo de Protección a través de un liderazgo consistente y permanente.

A la luz de las deficiencias mencionadas, las organizaciones abajo firmantes emiten las siguientes recomendaciones al gobierno mexicano:

  • Cubrir el cargo de Director de la Unidad de Derechos Humanos debe ser una prioridad. Esta persona debe tener una sólida formación profesional en derechos humanos, sobre todo en cuestiones de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es además necesario garantizar que todos los cargos dentro de la Unidad de Derechos Humanos sean permanentes;
  • Garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento de la Unidad de Derechos Humanos, los criterios utilizados para aceptar o rechazar los casos, y el seguimiento que se hace cuando se otorgan medidas de protección. Asegurar que haya una financiación adecuada para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de la Unidad de Derechos Humanos;
  • Mejorar la manera en que los análisis de riesgo se llevan a cabo. Compartir la metodología utilizada con la sociedad civil y los solicitantes antes de que los casos sean revisados. Asegurar su participación en el proceso de análisis de riesgo y en las reuniones de la Junta de Gobierno. Incluir en los informes de análisis de riesgo información como el contexto más amplio en el que viven las personas defensoras de derechos humanos o periodistas, su trabajo, su origen étnico, su género, los derechos que defienden, etc.
  • Responder a tiempo a las solicitudes de protección. Una vez que se hayan definido medidas de protección priorizar su aplicación inmediata. Si la ejecución se retrasa, tomar especialmente en consideración las personas expuestas a un mayor nivel de riesgo. Modificar y actualizar las medidas concedidas según sea necesario reconociendo que es probable que el nivel de riesgo fluctúe. Asegurarse de que las medidas de protección incluyen investigaciones eficaces y oportunas y que los responsables de los ataques y otros incidentes de seguridad llevados a cabo contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas sean procesados.
  • Garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que están en riesgo como consecuencia de su labor legítima y que se encuentran en una situación de aún más riesgo tras esta última crisis de liderazgo y debido a las deficiencias identificadas en la implementación del Mecanismo de Protección. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que sus problemas de protección y seguridad se aborden de manera adecuada y sin demora.

Front Line Defenders
Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos
International Service for Human Rights (ISHR)
Jass – Asociadas por lo Justo
Latin America Working Group Education Fund
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – México
Protection International (PI)
Washington Office on Latin America (WOLA)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

El Comunicado puede descargarse en formato PDF en: bit.ly/1504MecanismoPDF
Brigadas Internacionales de Paz (PBI) es una organización no gubernamental con 30 años de experiencia en el acompañamiento internacional y con presencia permanente en México desde 1999. PBI tiene como objetivo la protección de las personas y organizaciones que promueven los derechos humanos de manera no violenta y que sufren represión por su trabajo.

Para más información:
Ricardo Cancela Neves
Coordinador de Comunicación
Peace Brigades International - Proyecto México
comunicacion@pbi-mexico.org
Facebook: PBIMexico Twitter: @PBI_Mexico
Tel/Fax: 01(55)55142855 www.pbi-mexico.org


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