#20NovMx Todos somos compas: crónica de una represión anunciada

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

El “gobierno” encabezado por Peña Nieto no sólo ha sido incapaz de dar respuestas a las exigencias de los padres de familia –y la sociedad toda- sobre los 43 estudiantes desparecidos forzadamente, sino que ha faltado a su responsabilidad por omisión, negligencia o complicidad. La sociedad civil nacional e internacional ha sido muy clara: FUE EL ESTADO.

El 20 de noviembre policías federales y del Gobierno del Distrito Federal acataron la orden gubernamental de desalojar a los manifestantes que acudieron al Zócalo a recibir las Caravanas de los familiares de los 43 desaparecidos de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Por las redes aún circulan imágenes del operativo: al asedio de una nube de gas lacrimógeno que generó una retirada en desbandada, los granaderos, con su escudo y su tolete, su equipo antimotines, ejercieron toda su violencia, su sadismo, su brutalidad.

Esta agresión dividió a los contingentes y propició que las ilegales golpizas a los manifestantes se agudizaran: los policías del DF y los federales golpearon señoras, jóvenes, niñas, mujeres embarazadas, viejos y ancianas. Aunque hubo resistencia, células organizadas, contingentes delimitados, cordones, silbatos y otras medidas de seguridad, los manifestantes no tuvieron oportunidad de contener el ataque ni replegarse de manera organizada, ubicar a los policías vestidos de civiles, distender el pánico, evitar las golpizas.

El saldo del operativo fue de 14 detenidos: estudiantes, activistas, defensores de derechos humanos y artistas, entre ellos un ciudadano de nacionalidad chilena. Cuatro de nuestros compañeros fueron brutalmente golpeados y remitidos al Hospital de Traumatología del IMSS, Magdalena de la Salinas. Los 11 restantes fueron entregados arbitrariamente a la Policía Federal en las calles de Pino Suárez y Corregidora, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es decir, la impunidad frente a las instituciones responsables de “impartir justicia”. Los policías federales, en lugar de llevarlos a la Delegación Metropolitana de la PGR conforme a proceso, los trasladaron a la SEIDO, donde se negó el acceso a los abogados, impidiéndoles proceder de manera adecuada. Es decir, el “debido proceso” garantizado constitucionalmente fue violado sistemáticamente.

A los detenidos se les inició un proceso de investigación bajo los cargos de delincuencia organizada en su modalidad de terrorismo. Si bien este último delito fue retirado de los cargos, nuestros compañeros y compañeras fueron trasladados a penales de alta seguridad el día sábado 22 de noviembre a las 7 de la mañana bajo los cargos falsos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio. Las 3 mujeres, Hillary Analí González Olguín, Liliana Garduñi Ortega y Tania Ivonne Damián Rojas fueran remitidas al Centro Federal Femenil “Noroeste“, de Tepic Nayarit. Los 8 varones fueron remitidos al Centro Federal de Readaptación Social no. 5 “Oriente“ en Villa Aldama, Veracruz: Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca (de nacionalidad chilena), Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Francisco García Martínez y Carlos Pichardo Moreno.

“Restablecieron el orden le guste a quien le guste” (sic) fue el mensaje que dio el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, para justificar el operativo policíaco de desalojo del Zócalo y las ILEGALES detenciones de nuestros compañeros y compañeras. Esta brutal acción se enmarca en el avance sistemático de la campaña que el Estado ha emprendido para “justificar” el uso de la fuerza pública y criminalizar la legal y legítima protesta social. Nuestros compañeros y nosotros ejercemos nuestros derechos: el Estado es quién delinque.

A partir del vencimiento del ultimátum que dieron los familiares al Estado para presentar con vida a los 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron sujetos de desaparición forzada los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, representantes de instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno han emprendido una campaña cuyo objetivo es detener las manifestaciones de solidaridad y descontento que la población ha emprendido por todo el país y el extranjero. El “gobierno” encabezado por Peña Nieto no sólo ha sido incapaz de dar respuestas a las exigencias de los padres de familia –y la sociedad toda- sobre los 43 estudiantes desparecidos forzadamente, sino que ha faltado a su responsabilidad por omisión, negligencia o complicidad. La sociedad civil nacional e internacional ha sido muy clara: FUE EL ESTADO.

Diferentes organismos de defensa de los derechos humanos, prensa nacional e internacional, intelectuales, artistas, activistas y organizaciones hemos denunciado que el objetivo de esta campaña es desmovilizar, infundir un miedo generalizado en la población y justificar –que no legitimar- el uso de los cuerpos represivos para restablecer el orden; un orden que no es otra cosa que el fin de las manifestaciones de descontento contra un “Estado de Derecho” corrupto, criminal y evidentemente caduco. Un Estado que no puede garantizar la seguridad de las personas es, a todas luces, incapaz, incompetente, fallido. Afirmamos esto no sólo por los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, sino por los más de 120 mil asesinados y más de 30 mil desaparecidos que hay en nuestro país. Hoy, México es una fosa clandestina: y el Estado es responsable de estos crímenes de lesa humanidad.

El mensaje que pretende transmitir “la autoridad” es que las manifestaciones intentan desestabilizar el gobierno, por lo que es necesario el uso “legítimo” de la fuerza pública, la fuerza civil, la gendarmería nacional, el ejército, la marina, etc. Afirmamos que la legitimidad no se instituye por decreto ni se impone por consigna, se construye mediante diálogos y consensos. El “uso legítimo de la violencia” no puede ser pretexto para violentar nuestros derechos constitucionales.

Denunciamos que hay un acoso ILEGAL por parte del Estado a los movimientos sociales y a las organizaciones de la sociedad civil. Esta persecución ha sido acicateada por la prensa y los medios de comunicación de masas serviles al Estado, quienes han replicado de manera íntegra y procaz, los mensajes del gobierno; en esta situación de acoso, manifestamos que no estamos de acuerdo con criminalizar a nuestros compañeros anarquistas, quienes han optado por otras formas de resistencia y lucha.

El encarcelamiento de los 11 detenidos del 20NovMx en penales de máxima seguridad y la intentona del gobierno de imputarles el cargo de terrorismo se enmarca en este contexto y resulta alarmante. Con pruebas sin ningún sustento jurídico, el Estado pretende fincar en los detenidos los cargos de asociación delictiva, motín y tentativa de homicidio basándose en el testimonio de los policías que los detuvieron, quienes afirman que pertenecen a una misma organización porque se dijeron entre ellos “compas“ y los acusan de intentar asesinarlos porque opusieron resistencia al arresto. Más aún, el Estado ha entregado documentos recabados por el sistema de inteligencia federal sobre grupos anarquistas de 2011 como antecedentes del caso, lo cual está lejos de ser verídico.

Los cargos y los antecedentes que se adjudica a los detenidos son falsos. Es parte de la campaña que pretende fincar en las manifestaciones la responsabilidad de la represión masiva, el uso de la violencia del Estado. Independientemente de quién se trate o cómo se vista, el gobierno reprime para defender sus intereses, su orden, su estado de derecho. El 20 de noviembre miles de manifestantes marcharon al Zócalo y se quedaron para escuchar el mitin que encabezaron los familiares de Ayotzinapa. El operativo policíaco ya estaba preparado: los granaderos apostados a las calles aledañas a Palacio de Gobierno tan solo esperaron la orden de desalojar a los últimos contingentes de la manifestación. El Estado ya había advertido sobre el uso de la fuerza pública: el 20 de noviembre es la crónica de una represión anunciada.

La abogacía de los detenidos ha entregado pruebas contundentes para demostrarlo y el movimiento social acciona y accionará para probarlo y garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos del 20 de noviembre.

Todos somos compas significa que todos nos estamos movilizando para defender la vida, para transformar nuestra realidad y garantizar la paz social en cada uno de los rincones de nuestro país.

Exigimos la libertad inmediata e incondicional de los detenidos del 20 de noviembre. Responsabilizamos al gobierno federal y en particular a Enrique Peña Nieto por la integridad física, emocional y moral de nuestros compañeros y denunciamos la represión orquestada desde los tres órdenes de gobierno para intentar frenar un movimiento social que ya es incontenible. Nuestra rebeldía es justa, porque la injusticia es vasta.

Llamamos a la más amplia solidaridad nacional e internacional para que en México la impunidad no tenga cabida.

¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos¡
¡Todos somos compas!
¡Presos Políticos Libertad¡

  • Comité de familiares por la libertad #Presos Políticos 20NovMx
  • Frente Popular Francisco Villa Independiente
  • Red Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos
  • Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
  • Frente de Organizaciones y Ciudadanos Veracruzanos:
  • Ciudadanos Libres
  • Académicos UV
  • Artistas
  • Movimiento Insurgencia Magisterial Veracruzano
  • Maíz
  • Colectivo Morris
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