1° de Abril del 2014.
Se cumplió un año y 5 meses de los hechos represivos del 1 de diciembre, que iniciaron al violentarse los derechos a la libre manifestación y expresión de ideas de quienes rechazamos el tercer fraude en las elecciones a la presidencia en la historia reciente del país.
Los presos políticos del 1° de diciembre y los de fechas posteriores, han sido tratados como rehenes del Estado, con la complicidad de todos los partidos políticos y de instancias de gobierno que debiendo ser independientes han mostrado en amplio margen su actuación bajo consigna, buscando chantajear a ciudadanos y a organizaciones sociales que manifiestan su repudio a la imposición y a la resistencia a las reformas estructurales, para sumirse en la pasividad.
A nueve días antes de cumplirse un año de la emisión de la recomendación 7/2013 de la CDHDF que inicialmente el Gobierno del DF, aceptó nunca la cumplió, ni se desistió de los juicios comprobadamente ilegales y violatorios al debido proceso, por el contrario ha ido perfeccionando las formas de la criminalización de la protesta, creó un ilegal protocolo de seguridad para el control de multitudes, revivió el ataque en pandilla, improvisó a más policías, que no reciben inducción para la obligatoriedad de seguir protocolos que respetan derechos humanos, dejó en la impunidad a mandos que coordinan los operativos de la SSP y que usan a las fuerzas policiales para reprimir manifestaciones utilizando un desmedido y excesivo uso de la fuerza, deteniendo arbitrariamente, manteniendo las remisiones a cargo de policías diferentes a los que realizan las detenciones, resultando en declaraciones absurdas, incoherentes y falsas por parte de esos elementos uniformados en contra de los que resultan detenidos por ejercer su legítimo derecho a la protesta.
La situación actual lejos de mejorarse se agrava, solo en 2013 el GDF realizó más de 400 detenciones arbitrarias, ahora además de reprimir a ciudadanos y activistas, el blanco de las la reciente detención del del 20 de marzo en el metro Xola bajo el argumento de que “grabar es ilegal”, se les agrede, buscando silenciar testimonios y evidencias de la política represiva instalada en la ciudad, pese a que de acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, cualquier detención a periodistas que realizan su labor de búsqueda, obtención y/o difusión de informaciones sobre temas de interés público, es una flagrante violación al derecho humano de libertad de expresión donde las autoridades además de abstenerse de violentar los derechos humanos, deben garantizar las condiciones de seguridad para el trabajo efectivo de los periodistas.
La práctica de la tortura se da de manera sistemática, también el arraigo resulta una práctica que facilita se violenten los derechos humanos.
La desaparición forzada y las ejecuciones políticas han resurgido con fuerza estremecedora. Similar a las 242 agresiones en contra de defensoras de derechos humanos y periodistas en México.
Vivimos en el cliché de una guerra que ha dejado 100 mil asesinados, 150 mil desplazados y más de 20 mil desapariciones forzadas, además de que el sistema de procuración de justicia presenta una tasa de impunidad del 98 por ciento.
No conformes con ello se ha demostrado que está vigente una política de amordazamiento y castigo al activismo en redes, casos como el de censura #1DMx, Op5deMayo, Gustavo Maldonado, entre muchos otros, muestran que esa conducta proviene de la propia secretaría de gobernación y de gobiernos locales, que con la #LeyTelevisa2 busca el control en Internet que le cierre el paso a la inconformidad y la divulgación de información con efectos virales.
El GDF anunció en enero pasado su programa en curso de aumentar a 20 mil el número de cámaras de vigilancia, las mismas que no sirvieron para descargo de imputaciones falsas el #1DMX, las que dejaron de funcionar el 10 de junio en detenciones ilegales o el 5 de enero en el desalojo al plantón de la CNTE, no podemos de quedarnos callados frente al estado policiaco, criminalizador, el big brother del regente Mancera.
¿Qué señal se envía a la sociedad de un gobierno que se resiste a la aceptación de observaciones - recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos tanto locales como internacionales? ¿Qué debemos interpretar los ciudadanos frente al descomunal aumento de violaciones, detenciones, hostigamiento, censura, es decir de delitos alentados desde el gobierno, tolerados por el actual sistema de “justicia”? ¿Cómo combatir la impunidad garantizada por el mismo sistema que debe proteger a sus representados?
Emplazamos a la CDHDF así como a la CNDH, en la urgencia de emitir nuevas recomendaciones en casos de violaciones documentadas de detenciones arbitrarias, tortura y secuestro de manifestantes fabricación de culpables con testimonios y pruebas falsas como son los casos señalados arriba.
Nuestra exigencia no es sólo contra el gobierno del GDF sino también contra el Gobierno Federal a que asuman sus compromisos en materia de derechos humanos y que acepten las recomendaciones tanto locales como las emitidas por instancias internacionales, de manera integral no solo parcial.
Este evento busca recuperar la necesaria y urgente coordinación para la visivilización de los presos, de mostrar lo injusto de su reclusión, por ello anunciamos el inicio de la campaña en redes sociales bajo los hashtags #1DMxJusticiayLibertad y #MéxicoSinPresosPolíticos.
Asimismo llamamos a recuperar la coordinación para la defensa y libertad de presos políticos en el país por lo que convocamos a incentivar la realización de diversas acciones unitarias en todo el país, para el diseño de esas actividades nos reuniremos este ___ de abril en la ciudad de México.
Nos mantenemos en la exigencia de justicia plena, la aceptación de violaciones a los DDHH debe ser acompañada de la reparación integral de daños y de medidas que condenen e inhiban su repetición.
● Libertad definitiva, inmediata e incondicional de los procesados Obed Palagot Echeverría, Daniel García Vázquez, Stylianos García Vackimes, César Llaguno Romero, Eduardo Daniel Columna, Sandino Jaramillo Rojas, Enrique Rojas Rosales, Roberto Duarte García, Jorge Dionisio Barrera Jiménez, y Carlos Miguel Ángel García Rojas. así como a los sentenciados del 1° de diciembre: Bryan Reyes Rodríguez y Osvaldo Rigel Barrueta Herrera.
● Derogación del Art. 362 del Código Penal del DF, que criminaliza la protesta social.
● Rechazo al establecimiento de nuevas penalidades y leyes como la de “ordenamiento social” o Ley Borge de Quintana Roo, que busque eliminar derechos constitucionales a la libertad de expresión, organización, reunión y manifestación.
● Castigo a los elementos de la fuerza pública y mandos del Gobierno del DF, Estatal y Federal responsables intelectuales y materiales, de detenciones, vejaciones y torturas.
● Reparación de daños y perjuicios a todas las víctimas del 1° de Diciembre.
• Presentación con vida de Teodulfo Torres Soriano testigo fundamental de las agresión y asesinato de Juan Francisco Kuykendall.
• Libertad a los Presos Políticos del 2 de octubre: Iribar Ibinarriaga Ramírez, de 35 años estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Salvador Reyes Martínez, de 27 años, obrero y padre de familia. Víctor Efrén Espino Calixto, de 29 años estudiante FES-Acatlán de la UNAM. Ilia Adad Infante Trejo de 28 años de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. José Daniel Palacios Cruz, de 31 años músico guitarrista de “Los Cavernarios” y de “Telekrimen”. Adrián Gutiérrez Miguel, de 36 años estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. José Alejandro Peña Bautista, de 43 años comediante y periodista independiente. Abraham Cortés Ávila, de 23 años. Artesano y malabarista oaxaqueño. Mario González y Gabriela Hernández “Luna Flores”.
Libertad a los Presos de la CNTE: Mario Olivera Osorio, Lauro A.Grijalva Villalobos, Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa y Damián Gallardo Martínez .
Libertad a Nestora Salgado, Presa política de la CRAC PC
Libertad a tod@s l@s pres@s políticos del país.