El gobierno federal y estatal fueron informados de las amenazas y vulnerabilidad en que se encontraba Marisela y fueron omisos en brindarle medidas de protección.

A finales de noviembre, 20 días antes de su asesinato, Marisela acudió a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, en donde se entrevistó con funcionarios y les expuso su situación de vulnerabilidad y riesgo.

El 8 de diciembre, Marisela se entrevistó con el fiscal del estado de Chihuahua en donde nuevamente le informó sobre el riesgo en el que se encontraba por realizar ella misma las investigaciones que les correspondería hacer a la fiscalía.