El 27 de marzo de 2026, Pablo López Alavez fue puesto en libertad tras una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La decisión modificó la calificación jurídica de los hechos y estableció una pena de 15 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio simple. Al considerar el tiempo que el defensor había permanecido privado de libertad desde su detención arbitraria, ocurrida el 15 de agosto de 2010, la autoridad tuvo por cumplida la pena y ordenó su liberación inmediata. Si bien la sentencia continúa vigente, su liberación representa un avance importante tras más de 15 años de privación de libertad.

Pablo ha sido liberado tras una lucha por justicia y libertad, de más de 15 años, impulsada por su esposa, la defensora Yolanda Pérez Cruz, y organizaciones del estado de Oaxaca, de la sociedad civil mexicana e internacional. Activistas, colectivos y organizaciones de derechos humanos celebramos la liberación de nuestro compañero Pablo López Alavez, defensor del bosque de origen zapoteco y originario de la comunidad de San Isidro Aloapam, Oaxaca. Este largo caminar no hubiera sido posible sin el acuerpamiento y solidaridad en diferentes latitudes.

El 15 de agosto de 2010, el defensor de derechos humanos fue detenido de manera arbitraria y torturado por un grupo de personas armadas sin orden de aprehensión. Durante esos años que han pasado desde este hecho, Pablo fue privado de su libertad, y expuesto a más violaciones de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo.

Su familia fue desplazada forzosamente de su comunidad por amenazas constantes y graves que han sufrido debido a su lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, por lo que cuentan con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). La detención de Pablo y el desplazamiento forzado de su familia han tenido impactos profundos en su bienestar, incluyendo enfermedades crónicas, desarraigo cultural y comunitario, además, de la necesidad de aprender español forzosamente y adaptarse a un entorno urbano y mestizo.

La lucha por la justicia continúa. Las organizaciones firmantes exigimos al Poder Judicial Federal una revisión exhaustiva del caso, pues la resolución que lo sentenció carece de fundamentos sólidos. A fin de cesar la criminalización que el defensor ha enfrentado por más de 15 años, corresponde que se dicte una sentencia absolutoria a favor del defensor del bosque y adopten medidas integrales de reparación del daño causado. Esto implica garantizar la debida investigación, juzgamiento y sanción de las autoridades responsables de las graves violaciones cometidas en su contra, así como implementar todas las medidas necesarias para proteger su integridad física y bienestar psicológico, al igual que la de su familia y de las organizaciones que les han acompañado. Finalmente, nuestras organizaciones resaltamos la obligación de las autoridades mexicanas de establecer garantías de no repetición contundentes.