Luis Hernández Navarro

Gustavo Alejandro Salgado Delgado fue desaparecido el 3 de febrero de 2014. Viajó en trasporte público al terminar una reunión con jornaleros agrícolas en la comunidad El Chivatero, municipio de Ayala, Morelos. Ya no llegó a su destino. Un día después, su cadáver fue encontrado con señales de tortura, las manos mutiladas y decapitado.

Gustavo tenía 32 años y era comunista. Su novela favorita era Así se templó el acero, de Nikolái Ostrovski. Según su camarada Fidel Sánchez, vocero de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín (https://bit.ly/3agygRX): "Se trata de alguien que no tenía necesidad de sumarse a la lucha revolucionaria, porque tenía cómo vivir bien. Pero decidió luchar por los pueblos originarios" (https://bit.ly/3cl04Y2).

Gustavo provenía de una familia de clase media, que se mudó de la Ciudad de México a Morelos tras los sismos de 1985. Según narra Arturo Rodríguez, estudió relaciones internacionales en una universidad privada. Hablaba bien inglés, le encantaba la música clásica, era buen nadador y regular jinete (https://bit.ly/3aidCkf).

Por su compromiso político y la fortaleza de sus convicciones, parecía activista de la generación post-1968, que dejó comodidades para vivir y luchar con el pueblo. Organizó a jóvenes por el derecho a la educación, a trabajadores por mejores condiciones de trabajo, a grupos de esca­sos recursos por servicios sanitarios, a co­munidades afectadas por la devastación ambiental.

Ya encarrerado, se siguió trabajando con comunidades migrantes del oriente de Morelos, para demandar vivienda. En Morelos hay más de 40 mil migrantes, muchos jornaleros agrícolas, provenientes de la Montaña y Costa Chica guerrerense, en su mayoría tlapanecos y nahuas, expulsados de su tierra por la precariedad económica, los desastres naturales y el clima de violencia. No cuentan con un lugar decoroso para vivir. La mayoría, lo hacen hacinados en galeras entre los cañaverales de la región.

Ante la negativa gubernamental de atender sus demandas, el 28 de septiembre de 2014, el Frente Popular Revolucionario (FPR), organización en la que Gustavo militaba, promovió la toma de un terreno abandonado por una constructora, e instauró en la carretera Cuautla-Jojutla, el Campamento Indígena Migrante de Ayala, que hoy lleva su nombre. Gustavo se trasladó allí para atender los requerimientos de las familias okupas. Simultáneamente, apoyó a la comunidad de Emiliano Zapata (Chivatero), en la gestión de vivienda de Fonhapo.

Gustavo fue un consecuente opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), la Termoeléctrica de Huexca, el gasoducto, y el acueducto que saqueará el agua del río Cuautla. El profesor Jorge Velázquez, egresado de la escuela normal rural de Tenería, figura clave en la lucha de Amilcingo contra el PIM, lo recuerda con cariño. "Estuvo va­rias veces cuando vino la caravana de los compañeros de la Ceteg, siempre con su bandera roja". La última vez que lo vio fue en Alpuyeca, en una reunión de la Asamblea de la Resistencia Estatal. "Cuando nos enteramos de su muerte, nos dolió mucho", dice (https://bit.ly/3aidCkf).

El oriente de Morelos está dominado por una familia de caciques (los Tablas Pimentel), que tiene el control de la CNC en los campos de corte de caña, múltiples negocios y nexos con el grupo criminal Los Rojos. En Ayala, por ejemplo, fue ocultado y protegido El Tony (ligado a Los Rojos), asesino de Arnulfo Cerón, dirigente del Frente Popular de la Montaña, de Tlapa. El 6 de noviembre de 2019, allí mismo fueron detenidos Jorge "N", La Chiva, y otros dos de los autores materiales del crimen de Arnulfo.

Para mantener su cacicazgo, usan el re­gistro del partido político que les convenga. Un día son del PRI, al otro del PAN, luego de Nueva Alianza, para saltar al PRD o a la 4T. La lucha de Gustavo puso en jaque ese control. Antes de su asesinato, fue amenazado por José Manuel Tablas, entonces alcalde de Ayala. Los responsables directos del homicidio de Gustavo fueron integrantes de la banda Los Victorinos. Provenientes de Guerrero, son parte de una familia de pistoleros, que radican en El Chivatero, en Ayala. Varios fueron empleados municipales en el periodo de Tablas Pimentel. Tienen una asociación civil llamada Cemilla. Mediante ella participaron en la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Un día después del crimen de Gustavo, la presión popular obligó a aprehender a cinco de sus asesinos materiales. Uno fue liberado, y otro nunca fue arrestado. Los cuatro detenidos tienen sentencia de 32 años. El actual presidente municipal presiona al gobierno estatal para liberarlos.

La 4T ha destinado cuantiosos recursos públicos al municipio de Ayala, que han reforzado el cacicazgo. Los Pimentel son impulsores decididos del PIM. Los sicarios han amenazado de muerte e intentado secuestrar a varios activistas. Se ha interpuesto una queja en la CNDH (folio: 9590/2020 del 30/01/2020 y denuncias ante la fiscalía de Morelos (carpeta CT-UEDD/2184/2020), pero se mantienen congeladas.

La situación es grave. Los caciques quieren venganza. En lugar de desmantelar a los grupos delictivos y los cacicazgos, y evitar asesinatos como el de Gustavo o el de Samir Flores, la 4T prefiere, con tal de sacar adelante el PIM, ignorar el peligro existente y privilegiar la relación con éstos.

Twitter: @lhan55

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