El ambientalista Miguel López Vega, defensor del río Metlapanapa en la región de Juan C Bonilla, se convirtió en el primer preso político del actual gobierno estatal, encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta, así lo consignó este domingo el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla.
La postura fue emitida por Carolina González Barranco, vocera del organismo que se fundó durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, en el cual se documentaron 360 presos y procesados políticos.
En la rueda de prensa estuvieron presentes los académicos Alejandra López, Miguel Ángel Rosas Burges, así como los abogados Tonatiuh Sarabia Amador y Samuel Porras Rugerio, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”.
“Estamos atestiguando la configuración del primer expediente judicial en contra de un opositor, el primer preso político del gobierno poblano”, enfatizó Carolina González.
Lamentó que en esta causa estén implicados funcionarios que se dicen de izquierda, como David Méndez Márquez, secretario General de Gobierno estatal.
Demandó por lo tanto que no se judicialice la protesta social y se libere a Miguel López Vega en los términos que dicta la ley.
Destacó que el Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla convoca de manera pública a todas aquellas personas que se hubiesen visto afectadas por la actuación anómala de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el tiempo en que Víctor Antonio Carrancá Bourguet fue titular, para que presenten ante las instancias legales correspondientes las denuncias por hechos que hayan tenido apariencia de delitos cometidos por los servidores públicos de esa dependencia.
“Carrancá Bourguet llegó a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en febrero de 2011; fue ratificado como titular hasta diciembre de 2022; sin embargo, durante el desempeño de su función, deformó el concepto de procuración de justicia y, en su lugar, ejerció a tono con los gobiernos autoritarios a los que sirvió, concentrando el poder de la Fiscalía al servicio del poder en turno”, argumentó.
Incluso, acusó que el ex fiscal encubrió sin recato los oscuros intereses del morenovallismo, y convirtió a Puebla en un laboratorio donde se fabricaron expedientes delictivos para someter y acallar a la disidencia política, poniendo la infraestructura institucional y sus recursos humanos y materiales al servicio de la represión.
Recordó que el pasado 5 de diciembre de 2019, el fiscal Víctor Antonio Carrancá Bourguet, presentó su renuncia al cargo ante el Congreso del estado de Puebla, y afirmó que los representantes populares la aceptaron sin objeciones y el ejecutor de la mayor represión social de que se tenga memoria.
“Envilecedor de toda noción de procuración de justicia, desvencijador de la institución a su cargo y el mejor garante de la impunidad hacia la criminalidad en el estado ha salido por la puerta principal sin problema alguno”, señaló.
Dijo que cierto es que todo servidor público tiene el derecho de separarse de su cargo en el momento que lo desee, no obstante, refirió que los poderes del estado que se encuentran a cargo de aceptar dicha separación están obligados a evaluar su desempeño público.
En caso de permitir su salida sin ningún tipo de rendición de cuentas, revisión o auditoría, advirtió que podrían suscitarse acciones de complicidad al dejar expedientes “limpios” de servidores que acumulan innumerables conductas públicas de corrupción, arbitrariedad y aun aquellas que podrían ser calificadas de delictivas.
Carolina González Barranco señaló que la falta de evaluación del servicio prestado por funcionarios está dando lugar a que verdaderos ejemplares de corrupción y cinismo político busquen obtener un premio por su desempeño.
Como ejemplo citó que el caso del ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Adolfo López Badillo, quien aspiró a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos; o del ex presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, aspirante a un cargo de magistrado en el Tribunal Electoral Federal.
Ambos, refirió, después de los deleznables papeles desempeñados al frente de esas instituciones locales.