mayo 12, 2019 | Yadira Llaven Anzures
El informe “Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad Informe 2018”, ubica al estado de Puebla en el tercer lugar nacional por las ejecuciones extrajudiciales, y en noveno sitio por agredir a defensores.
El estudio fue elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada.
El caso más reciente ocurrió la noche de este jueves, Leonel Díaz Urbano, quien es campesino partidario de la construcción de una hidroeléctrica en el municipio serrano de Zacapoaxtla, fue ultimado a tiros al interior de su vivienda.
Al cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no había emitido una postura sobre el homicidio del indígena.
La primera versión que corrió fue que se trataba de un activista opositor a los llamados “proyectos de muerte”, pero el Consejo Tiyat Tlali aclaró que el indígena asesinado no participó en la defensa del territorio, ni estuvo opuesto a la construcción de la hidroeléctrica que se intentó imponer en Taihtic.
“No era un activista social, ni era reconocido como líder indígena en su comunidad como se ha difundido a través de medios de comunicación. En años anteriores sí desempeñó un cargo como juez de paz de su comunidad estando favor del proyecto hidroeléctrico y de la empresa”, informó en un comunicado.
Según versión de los lugareños, a Leonel García le dispararon con arma de fuego desde afuera de la ventana de su vivienda, logrando arrebatarle la vida.
En la Sierra Norte de Puebla han ejecutado a tres activistas en los últimos cinco años; el caso reciente ocurrió en mayo de 2018, cuando desconocidos torturaron y asesinaron al activista Manuel Gaspar, opositor a proyectos mineros en la región de Cuetzalan.
En 2014, fue asesinado el activista Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP), opositor a proyectos hidroeléctricos y mineros; y dos años antes, Frumencio Solís Cruz, fue también asesinado a balazos.
A raíz de la Reforma Energética, el 66 por ciento del territorio del estado de Puebla ha sido concesionado por el gobierno local a compañías nacionales y extranjeras, quienes han puesto en marcha diversos megaproyectos –como minas, plantas hidroeléctricas e incluso yacimientos de hidrocarburos explotados mediante fracking– a través del despojo de los recursos naturales de las comunidades donde se asientan, denunció la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN).
La agrupación advirtió sobre los altos niveles de conflictividad social generados por este esquema, incluido el encarcelamiento o asesinato de los habitantes que se oponen a las empresas.
La minería y la instalación de hidroeléctricas para abastecer empresas extranjeras han provocado en los últimos años actos de criminalización hacia los lugareños de comunidades de la Sierra Negra, Norte y Nororiental de Puebla, quienes se tienen que enfrentar legalmente a las grandes transnacionales de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.
De acuerdo con el informe “Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad Informe 2018”, el estado de Puebla ocupa el tercer lugar nacional por las ejecuciones extrajudiciales, y en noveno sitio por agredir a defensores.
La entidad poblana registró siete asesinatos, el mismo número que el estado de Oaxaca y sólo superados por Guerrero, con 12 ejecuciones.
El informe documentó que también se han perpetrado 16 ataques contra activistas en la entidad poblana entre 2017 y 2018, entre ellas la ejecución de Meztli Omixóchitl Sarabia, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, y de Aarón Varela Martínez, pre candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan.