A la opinión pública
La brutal represión contra nuestros compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el estado de Chiapas es una expresión infalible de la vocación profascista del actual régimen y de los personeros que hoy aspiran a ocupar el escaño en Los Pinos.
El FNLS y las organizaciones abajo firmantes condenamos enérgicamente el descomunal operativo policíaco para desalojar a nuestros compañeros y la brutal represión de la que fueron objeto en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas por elementos de las policías municipal y estatal, en un acto de violación flagrante de los derechos humanos.
El uso desmedido de la fuerza de los elementos policíacos, donde no dan lugar siquiera a mediar palabra, se lanzaron cuales perros de caza contra nuestros compañeros inermes; con gases lacrimógenos, toletes, balas de goma golpearon a discreción sin tener consideración de la edad o sexo de quienes ahí se encontraban en el ejercicio de sus derechos políticos.
Con esta acción se devela la esencia de quienes aspiran a la presidencia de la República, particularmente del representante de la ultraderecha, Ricardo Anaya Cortés, de quien no nos queda la duda que exigió el desalojo brutal contra nuestros compañeros. Una vez más queda evidenciada la vocación profascista de quienes sólo atinan a proponer la creación de más policías y cuerpos represivos para combatir la supuesta inseguridad.
Este acto represivo expresa la indolencia e indiferencia del candidato de la colación Por México al Frente con las víctimas del terrorismo de Estado, el cual no sorprende, porque representa al partido político que en el año 2006 fue responsable del baño de sangre en todo el país, sobre su historial pesan más de 300 mil víctimas de la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados. Este es el “cambio” que promete en su campaña electoral, el cual, consiste en mayor represión para el pueblo.
Esta actividad de protesta se encuentra dentro del marco de la semana internacional del detenido desaparecido, no obstante, el gobierno de Manuel Velasco Coello reprimió con tal saña a compañeros que se encontraban en esta tarea de denuncia.
Con esta acción el gobierno chiapaneco no sólo niega el derecho de las víctimas de la desaparición forzada a ser presentados con vida, sino que revictimiza a sus familiares y a las propias víctimas al obstruir la justa demanda del derecho a la verdad sobre estos abominables hechos.
No hay razón para dudar de la razón que nos asiste a quienes levantamos las banderas de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales, porque las víctimas de este flagelo son reales. Por ello, los compañeros en en estado de Chiapas realizaban una actividad de denuncia y protesta ante la exigencia de dar con el paradero de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, así como la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Teodulfo Torres Soriano; Francisco Paredes Ruiz; Lauro Juárez; Carlos René Román Salazar; los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 350 mil víctimas del terrorismo de Estado.
Desde que iniciamos la Jornada nacional de lucha: Todos somos víctimas del terrorismo de Estado, el hostigamiento policíaco, amenazas de desalojo, amenazas de detención desaparición, descalificaciones e intimidación por parte de elementos policíacos, militares y grupos paramilitares estuvieron presentes con la intención de hacernos desistir de esta actividad política.
Exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos no es un delito, es un derecho que tenemos las víctimas de este crimen de lesa humanidad, máxime cuando la respuesta del gobierno mexicano es la impunidad para los perpetradores y el cometido de más crímenes de lesa humanidad.
En nuestro caso desde que abrazamos la demanda de presentación con vida de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Estado mexicano a través de su aparato de represión no ha dejado de hostigar a los integrantes del FNLS, porque comprobado está la responsabilidad del Estado en el cometido de este crimen.
Es un caso está ampliamente documentado en los aspectos jurídico, de derechos humanos y político; desde el fútil estado de derecho del actual régimen se logra la resolución federal 29/2014 del Poder Judicial de la Federación; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite la recomendación 7/2009 al gobierno mexicano para que presenten con vida a los dos luchadores sociales por tratarse de una desaparición forzada”; se han formado comisiones de mediación por personalidades e intelectuales de alta calidad moral.
Los acontecimientos enseñan que el Estado mexicano escamotea la justicia para las víctimas, lejos de cumplir con los mandatos de su propio marco jurídico, se ha enfocado a reprimir y cometer más crímenes de lesa humanidad contra las organizaciones que nos solidarizamos con los familiares y abrazamos la demanda de presentación con vida de dos revolucionarios, quienes por sus ideales y convicciones de lucha fueron sometidos a este flagelo.
En este caso desde el 2015 intensificó la ofensiva contra nuestra organización con el asesinato político de Héctor Sántiz López, ese mismo año intentó ejecutar de manera extrajudicial a cinco compañeros en la Ciudad de México; en el año 2016 detiene y desaparece a Fidencio Gómez Sántiz; en el año 2017 ejecuta de manera extrajudicial a nuestro compañerito Huberto Morales Sántiz, ese mismo año asesinan a Víctor Alfonso; crímenes cometidos en algunos casos por los grupos paramilitares, en otros por agentes militares vestidos de civil.
¿Quiénes son las víctimas de esta política criminal y represiva? Nosotros, pueblo organizado de manera independiente y fuera de los marcos corporativizantes de la política institucional. Acontecimientos que develan la ofensiva represiva de los gobiernos federal de Enrique Peña Nieto y estatal de Manuel Velasco Coello contra nuestra organización, quienes se han ensañado contra nuestros compañeros en el estado de Chiapas.
A través de campañas de descalificación y señalamientos dolosos intentaron denostar la lucha que desarrollamos al señalarnos como grupo “paramilitar”, de “choque”, incluso hasta llamarnos “policía política”, ahora deben estar satisfechos quienes propalaron tales infundios, deben mostrarse complacidos por la saña con la que golpearon a hombres y mujeres del FNLS.
Son seis los compañeros que fueron alcanzados por la represión, los cuales, tienen consecuencias en su integridad física, se encuentran en el Hospital de Las Culturas: Mariano Juárez Girón, José Arturo Villatoro Ruíz, Domingo Pérez Gómez, Ruperto Gómez Vázquez, José Luis Ordóñez Velázquez y Francisco Solano Aguilar y Fabiola Domínguez Gómez, algunos con fracturas en tobillos.
Además del dolor que los golpes les infligen en sus personas, deben soportar el hostigamiento de personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas, quienes se apersonan en las instalaciones hospitalarias y amenazan con limitarles la atención médica, incluso con la prisión.
Resulta condenable la actitud que asume la visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su sede en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, quien cierra la puerta de sus instalaciones en la frente de una comisión de compañeras y compañeros, quienes asistieron para levantar la queja correspondiente. Esto evidencia la actitud cómplice y lacayuna de las comisiones oficiales de derechos humanos.
Nos preguntamos ¿Para qué existe una institución que según protege los derechos humanos y trata a las víctimas como si fueran delincuentes? ¿Dónde quedan sus grandilocuentes discursos sobre la pluralidad cultural si discriminan a mujeres y hombres por su condición de indígenas? Está claro que es demagogia pura para asegurarse canonjías del actual régimen oprobioso.
Hacemos extensivo el llamado al pueblo en general a no seguir callados, a mantener viva la chispa de la combatividad; el dolor es real y objetivo ante la herida que causa el terrorismo de Estado, pero también es real la dignidad popular, guardar silencio ante tan execrables crímenes nos coloca en la ruta de convalidar esta política de crimen y terror.
La combatividad se encuentra arraigada en el pueblo, la iniciativa y creatividad son inherentes de la capacidad transformadora de las masas proletarias, en correspondencia, nos asiste la razón en desarrollar los mecanismos pertinentes para garantizar la integridad física de quienes somos parte del movimiento popular, en crear los medios de protección colectiva ante la generalización del terrorismo de Estado.
Atentamente
¡Alto al Terrorismo de Estado!
¡Nuestros compañeros no son delincuentes, su único delito es ser consecuentes!
¡Alto a la criminalización de la protesta popular!
¡Porque ser luchador social no es sinónimo de delincuente!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI), Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP), Comité Monseñor Romero, Brigada Multidisciplinaria de la UNAM, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.