Por Fernando Inés Carmona
Ixtaczoquitlán, Ver.- El Frente de Resistencia contra el Periférico Córdoba-Orizaba confirmó el inicio de una campaña represiva e intimidatoria en contra de sus integrantes, incluso acusa a funcionarios del ayuntamiento de este municipio y representantes de la empresa responsable de la construcción de amenazarlos de muerte y de advertirles del uso de la fuerza pública para acallar sus protestas.
Adriana Chávez, enlace con medios de este organismo no gubernamental revela que tanto agentes, sub agentes municipales, funcionarios de Ixtaczoquitlán, e incluso los empresarios responsables de la obra recurren a los amagos de muerte con tal de concretar la construcción de este proyecto que fue ofrecido por el entonces candidato y ahora presidente de la república, Enrique Peña Nieto.
De entrada proporciona los nombres de aquellos a los que señala como culpables de las agresiones, «hasta ahora verbales» en contra de la organización y que se oponen a la carretera, primero acusa al agente municipal de la congregación de Campo Chico, Miguel Antonio Zacamecahua Flores, de ser el responsable de los amagos.
Textualmente cita, «nos ha dicho que abandonemos el movimiento y si no lo hacemos nos van a dar un susto» revela; ése no es el único amague, según sostiene, «porque además nos han advertido que tanto el gobierno federal, del estado y el municipal tienen información nuestra y de las familias para incluso matarnos» anticipa.
La intimidación en sí, da a conocer, «ya es muy grave, pero más preocupante es que sea de muerte y que provenga de una autoridad y respaldada por la autoridad que lejos de beneficiar a las negociaciones complican todo. No estamos temerosos de que se cumplan las conminaciones pero sí desde ahora hacemos responsables a todos los funcionarios y a los mismos empresarios de lo que nos pueda pasar a nosotros y familiares».
Señala que los habitantes de las zonas afectadas, «exigimos que cesen las amedrentaciones en contra de quienes nos oponemos a esta construcción y demandamos que el gobierno del estado intervenga para proteger nuestros intereses así como la vida de cada uno de los que nos manifestamos».
Otro de los servidores públicos, que presuntamente está involucrado en los amagos, revela, es Fermín Antonio Aguilar comisariado ejidal de Zoquitlán Viejo, «él nos dijo que si nos oponemos va a entrar la policía estatal e incluso la Marina Armada de México para detener a las personas que nos expresamos en contra».
En este sentido y como medida de protección, los integrantes de este organismo no gubernamental hacen tres planteamientos claros, "primero que se terminen las amenazas y hostigamiento en contra de los habitantes y afectados de los ejidos de Campo Chico, Campo Grande, Zoquitlán Viejo y Exhacienda de Tuxpango; igual piden que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad personal y vida de los afectados del proyecto periférico Córdoba-Orizaba y sus familias, además de que los afectados hacen responsables, a los gobiernos y a los inversionistas,de cualquier ataque en contra de su integridad física, vida, bienes y propiedades.