Este sentimiento de desamparo no sería tal si hubiéramos dejado de denunciar las amenazas de muerte, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado de la población y toda la barbarie contra nosotros, pero no ha sido así y el Estado Mexicano le ha ido restando fuerza a nuestra voz con la desaparición, amenazas, encarcelamiento o asesinato de los coordinadores comunitarios, como es el caso de Leoncio Luna Antonio que junto con Marcelino Santiago Pacheco organizamos movilizaciones y protestas en 2002 buscando la libertad de los indígenas presos.
El gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano y el de Ulises Ruiz Ortíz no muestran grandes diferencias, sólo que en este último los paramilitares se han aliado con organizaciones que se dicen democráticas y muestran un mayor desarrollo en la Región Loxicha, hoy gobierna el municipio un integrante de la familia cómplice de la represión en 1996, Oscar Valencia García, quien trabaja en pro del fraude electoral solicitando copias de credenciales con el engaño de piso firme aunque el apoyo nunca llegue, o que mientras los parientes enterraban al difunto él llegaba con un autobús de gente y una banda de música al evento del priista Roberto Madrazo Pintado en San Pablo Guelatao el 03 de los presentes.
Pero la desolación no sólo se vive en las comunidades en extrema miseria de Loxicha, ésta alcanza también a los presos y sus familias que viven en el Albergue de Desplazados de la Región Loxicha en esta Ciudad ya que a finales del año pasado falleció el niño Ever Ambrosio Antonio de 5 años de edad víctima de una bronconeumonía bilateral purulenta aguda de desarrollo patológico, motivado por la falta de atención de su madre queque tiene que atender a 5 hijos más entre ellos una niña de 14 meses y elabora 250 tortillas diarias prácticamente a la intemperie para subsistir, pues el Gobierno del Estado ha incumplido los compromisos suscritos para mejorar las condiciones de vida de los presos y sus familias.
En cuanto a las esperanzas de libertad el Gobierno Federal se burla de los indígenas con pretextos increíbles para no dejarlos libres, pisoteando las más elementales normas de ejecución de sentencias y readaptación para indígenas que purgan largas condenas por delitos que no cometieron, como es el caso del indígena chiapaneco, Juan Díaz Gómez que el próximo mes de Junio cumplirá una sentencia de 9 años 10 meses de prisión por delitos prefabricados.
Como en 1996, los tres niveles de gobierno lucran con los indígenas pero recurren al ocultamiento, pues si entonces las ejecuciones se disfrazaban de enfrentamientos con el Ejército Popular Revolucionario, hoy simplemente nuestras demandas, las nuevas detenciones, las ejecuciones extrajudiciales no se hacen públicos.
Las detenciones mediante la fabricación de expedientes siguen vigentes con los mismos métodos, planificadores y operadores que hace 10 años todos cobijados por el poder omnipotente de una cuasi dictadura de Estado. Se sigue recurriendo a los chivos expiatorios con acciones risibles como el achacar 3 ó 4 expedientes por homicidio a compañeros o involucrar hasta 25 personas en una ejecución perpetrada por paramilitares.
La necesidad de atención integral para presos, ex presos, familias y desplazados hoy es más apremiante, ya que los indígenas tienen que emigrar a los Estados Unidos buscando la sobrevivencia.
Los ex presos seguimos en espera de justicia por los largos años de reclusión y maltrato, de igual modo se requiere de protección pues hay quienes apenas salir han sido asesinados.
Finalmente, AMNISTÍA que cancele casi un centenar de ordenes de aprehensión y deje en libertad a 13 sentenciados por delitos del Fuero Federal que nunca cometieron, sigue siendo una prioridad
Respetuosamente,
Juan Sosa Maldonado ( ex preso de conciencia), Ines Antonio Reyes, Laura Hernández Antonio, Luciana Almaraz Matías.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 18 de Febrero de 2006