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Relevos en PGR, no cambia situación de luchadores sociales en Chiapas: abogado

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“Si llega Arely Gómez como procuradora tampoco representa esperanza alguna para los familiares porque desgraciadamente el manejo de éste y otros casos similares es una política del Estado mexicano”, dijo.

Por Elio Henríquez, corresponsal
mar, 03 mar 2015 10:43

San Cristóbal de Las Casas, Chis. El abogado Sadino Rivero, asesor jurídico de los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya –reivindicados por Ejército Popular Revolucionario (EPR)–, descartó que el relevo Jesús Murillo Karam como procurador General de la República pudiera cambiar la línea del gobierno federal en torno al caso de los dos luchadores sociales, desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.

“Si llega Arely Gómez como procuradora tampoco representa esperanza alguna para los familiares porque desgraciadamente el manejo de éste y otros casos similares es una política del Estado mexicano”, dijo.

En entrevista, agregó que lo anterior “quedó claro con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa” desaparecidos el 26 de septiembre pasado, pues el gobierno federal dijo a sus familiares “que no se abrirán los cuarteles, aunque en el caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya existe una resolución judicial que se debe de cumplir el agente del Ministerio Público Federal que lleva el caso, pero ni aun así lo quieren hacer”.

El litigante manifestó que “la conclusión nuestra es que es decisión del Estado proteger a las fuerzas armadas mexicanas en éste y otros casos en los que se les involucra”.

Destacó que la resolución del juzgado noveno, con sede en la ciudad de México, emitida esta en junio pasado, “es la primera de su tipo en México sobre casos de desaparición forzada y está enfocada a investigar a autoridades federales y militares, pero el Estado no la quiere cumplir”.

Afirmó que recientemente la Procuraduría General de la República (PGR) “respondió al juez que conoce del amparo que no es posible llevar a cabo las diligencias porque en sus líneas de investigación el Ejército supuestamente no participó, pero legalmente la PGR no puede decir eso porque es resolución de un juez”.

Añadió que por ello “hemos solicitado al juez que pida a las autoridades que señalamos como responsables en el amparo que den cumplimiento a la resolución, se abran las instalaciones militares y se cite a declarar a los mandos militares que estaban en Oaxaca en mayo de 2007”.

Indicó que “el juez de amparo le mandó la petición al agente del Ministerio Público que conoce el asunto y éste dijo la semana pasada que no lo hará porque no es parte de sus líneas de investigación, lo que pudo alegar en otro momento, ya no ante una resolución judicial”.

Manifestó que ante ello la defensa interpuso “un incidente de incumplimiento en ejecución de sentencias, para saber si el agente del Ministerio Público incumplió y si fuera el caso se haría un proyecto de destitución de él y de su superior jerárquico por el delito de desacato. El asunto puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El abogado llegó a esta ciudad acompañado por familiares de Cruz Sánchez y Reyes Amaya como parte de la Gira Nacional Desaparición Forzada en México que inició el 16 de febrero en Oaxaca e incluirá una decena de estados hasta el 30 de este mes. En esta ciudad tendrán varias actividades organizadas por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Entrevistada por separado, Nadín Reyes Maldonado, hija de Reyes Amaya, dijo que la citada resolución judicial “es un logro ganado por la lucha que hemos realizado durante casi ocho años porque es la primera en su tipo”.

Licenciada en pedagogía, la joven señaló: “Nosotros hemos insistido: ya no nos vemos haciendo otra cosa, esto se ha convertido en nuestra forma de vida, esta lucha que hemos decidido hacer la vamos a continuar hasta encontrar a nuestros familiares hasta que se enjuicie y castigue a los responsables”.

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