06 de noviembre de 2014 - Comuneros de Xochicuautla, libres pero bajo proceso legal

Información tomada de: UNOPII

San Francisco Xochicuautla

Hechos:

El día 3 de Noviembre del año 2014 a las 10 AM aproximadamente, un grupo de 50 personas de la comunidad y de diversos medios de comunicación se adentraron a la parte del Bosque Otomí- Mexica donde, desde el 8 de octubre del presente año, se reanudo la tala, violando la resolución del amparo 48/2014 que revocaba el convenio de ocupación previa y paso de autopista, impidiendo que la obra pudiera continuar. Las y los integrantes de la comunidad realizaron lo anterior, con la intención de documentar y solicitar a los trabajadores y policías que se encontraban laborando y resguardando respectivamente, se retiraran pues no tenían permiso para continuar con la mega-obra.

Las y los indígenas, sin agredir, buscaron dialogar, sin embargo la respuesta de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue comenzar a agredir y empujar, deteniendo en el acto a ocho hombres y mujeres indígenas otomíes. Los nombres de las personas detenidas son: Felipa Gutiérrez Petra, de 67 años; Francisca Reyes Flores, de 28; Rosa Saavedra Mendoza, de 54; Gerónimo Flores Angelino, de 73 años; Venancio Hernández Ramírez, de 57; Domingo Hernández Ramírez, de 60 y Armando García Salazar, de 50 años, este último delegado municipal elegido por usos y costumbres en Xochicuautla. Cabe mencionar que tanto la señora Rosa Saavedra como la señora Felipa Gutiérrez presentaban raspones en las piernas y espalda pues fueron arrastradas a la camioneta al momento de ser detenidas, sin que se les permitiera levantarse para caminar solas, mientras que el señor Gerónimo Flores presenta una herida en el ojo izquierdo.

La carpeta de investigación 160180700209414 hace constar que las personas previamente mencionadas fueron detenidas por el delito de oposición a la ejecución de obra pública.

A las 3 PM las y los detenidos habían sido trasladados a la oficina central de la Fiscalía Regional de Toluca de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ubicada en Avenida Morelos Oriente, número 1300, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México. Dicho lugar fue resguardado por casi 100 elementos de la SSC, así como por tres camionetas y un camión de granaderos.

Antecedentes.

Desde el 2007 la comunidad Otomí San Francisco Xochicuautla se ha opuesto a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca mediante diversos mecanismos legales, políticos y sociales, debido a los serios daños ambientales que causarían en las comunidades de San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan y Ayotuxco, pues afectaría al Parque Otomí-Mexica junto con 25 km de tierra comunal y cerca de 3 km de propiedad privada, además de causar alteraciones al suministro de agua que abastece al sistema Cutzamala e invadir el Cerro de la Campana, lugar sagrado para las comunidades que ahí habitan.

A partir de 2013 el hostigamiento a la comunidad se ha intensificado pues varias personas integrantes de la misma han recibido amenazas y han sido hostigadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como por trabajadores y representantes de la empresa Autovan S.A. de C.V, quién tiene la concesión para la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca. Además, en diversas ocasiones la comunidad de San Francisco Xochicuautla ha sido sitiada por policías y granaderos federales, estatales y municipales.

En mayo de 2013, trabajadores de la empresa Autovan S.A. de C.V. entraron al terreno que conforma parte de las propiedades privadas, ocasionando un enfrentamiento entre pobladores de la comunidad otomí San Francisco Xochicuautla y el personal de la empresa, culminando con la detención de once personas, en su mayoría mujeres, quienes fueron trasladadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, bajo el cargo de obstrucción de obra pública.

En mayo de 2014 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito otorgó, por la vía de amparo directo, con número de expediente 48/2014 la resolución en favor de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, la cual invalidaba el permiso para talar el bosque.

Por lo anteriormente expuesto el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero hace un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y demás legislación nacional e internacional aplicable, para actuar con estricto apego a la legalidad y respeto a los Derechos Humanos, así como a proteger la integridad física y psicológica de las personas detenidas y sus familiares. De igual modo, solicitamos a las autoridades competentes hacer valer y respetar las resoluciones dictadas en materia agraria para proteger y salvaguardar el territorio de las comunidades indígenas de San Francisco Xochicuautla, Huitzizilapan y Ayotuxco.

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.