El pasado 10 de junio, un grupo de unos 40 anarquistas dañó distintos negocios del Centro Histórico, lanzó una bomba molotov a la sede del PRI-DF y golpeó a varios periodistas que cubrían la conmemoración del 43 aniversario del Halconazo, sin que las autoridades capitalinas hicieran algo para contener a los agresores. En contraste, un día después, las autoridades de la Ciudad de México emplearon la fuerza pública contra un reducido grupo de jóvenes que, de forma pacífica, intentó llegar al Zócalo para denunciar que, presuntamente, son acosados por una organización de comerciantes ambulantes.
“Los hechos ocurrieron la mañana del pasado 11 de junio –denunciaron ayer los jóvenes que acusan represión–, (cuando) nuestros compañeros participaban en una protesta pacífica en la sede del Gobierno del Distrito Federal para denunciar, entre otras cosas, las amenazas de muerte y las agresiones verbales y físicas de las que hemos sido objeto”. El hostigamiento, acusan, proviene de los vendedores ambulantes que rodean la Honorable Casa Nacional del Estudiante, espacio enclavado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que se brinda asistencia y alojamiento a estudiantes de escasos recursos.
Como prueba de la agresión sufrida por parte de la policía capitalina, los alumnos alojados en la Honorable Casa Nacional del Estudiante difundieron un video el miércoles 17 de junio, en el que se aprecia cómo un grupo de alrededor de 30 uniformados impide a los estudiantes ejercer su derecho a manifestarse, aun cuando, afirman, actuaban de forma pacífica. Los estudiantes fueron cercados y se les impidió mostrar sus pancartas y no se les permitió salir.
El video exhibido por la Honorable Casa Nacional del Estudiante no sólo muestra que a los manifestantes se les impidió ejercer su derecho a la protesta, sino que, además, aquellos jóvenes que intentaron liberarse del cerco fueron arrestados por la Secretaría de Seguridad Pública y forzados a abordar vehículos policiales, en los que fueron alejados de la manifestación.
La protesta pacífica que fue reprimida por la policía del DF, destacaron los jóvenes, se llevó a cabo luego de que “los habitantes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante agotamos la vía legal de resolución de conflictos”, ya que, con el objetivo de resolver la pugna con los ambulantes que rodean este albergue estudiantil, “acudimos a la Dirección Territorial Centro Histórico, a la Jefatura Delegacional de Cuauhtémoc, y a la Coordinación General de Atención Ciudadana del Gobierno Central (pero) fuimos ignorados”.
Los jóvenes informaron que el conflicto con los ambulantes inició hace al menos dos años, luego de que denunciaran distintos daños causados por los comerciantes informales al inmueble que ocupa la Honorable Casa Nacional del Estudiante, construcción porfiriana de estilo ecléctico renacentista, y que es considerado monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y monumento artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Con la protesta del pasado 11 de junio, además, buscaba denunciarse la agresión sufrida por el estudiante Alfredo Santiago Gómez, quien a principios de mes fue atropellado por un ambulante, tras haberle reclamado por perforar una columna del inmueble histórico para fijar su puesto.
Además, acusan, los ambulantes que rodean la Casa del Estudiante presuntamente apuñalaron el 7 de enero de 2012 a otro de los habitantes del inmueble en el marco de la misma pugna por la defensa del edificio. En su denuncia, los jóvenes insistieron: “no deseamos el retiro de los vendedores ambulantes, (sino que) exigimos el respeto al inmueble histórico y artístico que nos cobija”.
Sin embargo, lamentaron, “la defensa de este espacio y su proyecto educativo ha puesto en riesgo la vida de sus habitantes”, por lo cual “conminamos a las autoridades capitalinas a no hacer caso omiso a nuestra problemática”.
Por último, los habitantes de la Honorable Casa Nacional del Estudiante demandaron no sólo garantías de seguridad contra nuevas agresiones de los vendedores ambulantes que tienen cercado su albergue, sino también que se investigue y sancione “a los jefes de Seguridad Pública que permitieron la brutalidad policiaca en contra de nuestros compañeros” reprimidos el pasado 11 de junio