En Guerrero, somos testigos de actividades de contrainsurgencia con sus características específicas de política represiva y que tienen como objetivo destruir a miembros y bases de apoyo del pueblo que se organiza, con acciones de criminalización de la protesta social con el fin de debilitarlo o desgastar a las fuerzas populares mediante el agotamiento para su aniquilamiento.
Existe una tendencia hacia los asesinatos selectivos, como parte de una violencia de alta frecuencia y de baja intensidad, que busca generar reacciones de terror para silenciar a los líderes sociales, acompañándolos de desapariciones forzadas, asesinatos y secuestros para destruir la voluntad del pueblo que se organiza.
Dieciséis dirigentes sociales han sido asesinados, representantes de comunidades han caído abatidos mientras se pone en marcha una política de criminalización de la lucha y el movimiento social en actos de represión que van desde el asesinato a la difamación, en una verdadera guerra contra el pueblo, utilizando esquemas de la guerra de baja intensidad en contra de luchadores sociales, líderes comunitarios, organizaciones populares, defensores de los derechos humanos, líderes estudiantiles, magisteriales, comunitarios, ambientalistas y sindicalistas.
En la historia del estado, las oleadas represivas vienen desde movimientos del 60 contra el gobierno tiránico del general Raúl Caballero Aburto, pasando por el periodo que se conoce como la Guerra Sucia, en la década de 1970; otro momento de represión fue durante los primeros años de la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la década de 1990, durante la persecución contra el Ejército Popular Revolucionario y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, en los últimos dos años esta tendencia represiva se ha acrecentado.
En los últimos dos años se contabilizan 17 asesinatos de militantes de agrupaciones políticas y sociales, el homicidio de dos estudiantes normalistas, dos dirigentes ecologistas víctimas de desaparición forzada, 12 policías comunitarios detenidos e infinidad de órdenes de aprehensión contra luchadores sociales.
Haciendo un recuento de los agravios, recordamos que el 31 de junio de 2012, fue asesinado en la zona poniente de Acapulco, la señora Fabiola Osorio Fernández, integrante de la Organización Ecologista Guerreros Verdes; el 28 de noviembre del mismo año, fue asesinada la dirigente de los desplazados de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, y su hijo Reynaldo Santana Mojica, menor de edad; el 12 de diciembre caen asesinados en Chilpancingo, los estudiantes normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Ayala Pino.
En mayo de este año fue asesinado Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Martínez; el 5 de agosto, es asesinado el líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez); el 19 de octubre es asesinada la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino; y el 2 de noviembre, Luis Olivares Enríquez y su pareja Ana Lilia García Rómulo, en Coyuca de Benítez. Los dos últimos asesinatos de líderes comunitarios, se cometen el 16 de noviembre en Atoyac de Álvarez, contra José Luis Sotelo Martínez y Juan Lucena Ríos.
Los crímenes políticos se siguen cometiendo contra luchadores sociales, en una tendencia de asesinatos selectivos de los que no son ajenos los grupos de poder local y regional, con crímenes que permanecen en la impunidad, que pudiera cometerse por grupos irregulares de guardias blancas y paramilitares al servicio del poder, que hoy callan las voces de los dirigentes con balas.
Hay quienes no se explican el nacimiento de organizaciones armadas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo, basta recordar que después de las masacres cometidas por el Estado, surgen movimientos guerrilleros, después de la masacre de 1968, en Tlatelolco y del 71 en San Cosme, surgieron infinidad de grupos armados, posterior a la masacre de Atoyac en 1967, surge el Partido de los Pobres con Lucio Cabañas, al año de la masacre de Aguas Blancas, surge el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Es certera la teoría del escritor Carlos Montemayor, sobre la guerrilla recurrente, frente a los actos de terrorismo de Estado.
RAÚL SENDIC GARCÍA ESTRADA