Escrito por Carina Hernández y Tania Damián
Organizaciones exigieron la creación de una Ley Nacional contra la Desaparición Forzada, que inhibiría la llamada “guerra sucia” contra activistas sociales y sancionaría a los funcionarios públicos involucrados en desapariciones.
Alejandro Cerezo Contreras, coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, explicó que el concepto de la “guerra sucia” se refiere a las acciones que realiza cualquier funcionario gubernamental, desde la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la prisión, en contra de miembros de organizaciones sociales y políticas, como medida para acallar sus demandas.
Entrevistado al finalizar la reunión denominada “Preaudiencia del eje de guerra sucia”, realizada en el Mercado Hidalgo —sede de la organización Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”—, indicó que con la Ley Nacional contra la Desaparición Forzada, el Estado mexicano aceptaría que existen ese tipo de delitos, como la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, en el país y ello sería el primer paso para castigarlos.
90 mil desaparecidos en el país
Por su parte, Israel Sampedro Morales, coordinador de la Red de Defensa a los Derechos Humanos en Puebla (Reddh), calculó que hay unas 90 mil desapariciones a nivel nacional, de las cuales el 80 por ciento corresponde a los últimos 7 años y las mismas se han incrementado con el alza de la inseguridad y el narcotráfico.
Indicó que en Puebla se habla de 5 mil desapariciones, pero por la falta de una ley de desaparición forzada, se desconoce con precisión los casos en donde esté involucrado algún funcionario público y, por ello, tampoco se puede castigar.
En el marco del Día Internacional del Detenido y Desaparecido, Sampedro Morales dijo que hasta el momento se ha tipificado este delito, aunque de forma ambigua, en los códigos penales de la Federación, de 15 estados y el Distrito Federal; sin embargo, sin una Ley Nacional contra la Desaparición Forzada no es posible concretar las sanciones contra servidores públicos involucrados en este tipo de hechos.
Durante la reunión de la preaudiencia del eje de guerra sucia, se abordaron los casos de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez de Oaxaca; Ruben Sarabia “Simitrio” y Fermín Matias de Puebla; Francisco Paredes Ruíz de Michoacán, entre otros.
Cabe mencionar que la preaudiencia del eje de guerra sucia está dentro del trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos que termina en el año 2014. La próxima preaudiencia se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de septiembre en el municipio de Coeneo, Michoacán.