Encabezados por Erika Luis Sebastián, indicaron que sólo les comunicaron de esta situación a través de una llamada telefónica desde el penal, quienes les indicaron que no hicieran escándalo y que cuando fueran a la visita no hicieran escándalo ni manifestaciones, y que sólo podrían contactar con sus familiares a través de una videovisita.

Exigieron la intervención de las autoridades porque los presos han sido sometidos en 73 días a contantes torturas tanto psicológicas como físicas, son tratados mal, no se les alimenta bien, «como si se tratara de reos de alta peligrosidad, lo cual viola sus derechos humanos».