Ginebra, 2 de agosto de 2012. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) expresa su preocupación ante la concesión del amparo a favor de los acusados de la muerte de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en hechos suscitados el 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, y por la falta de cumplimiento efectivo de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre este caso.
La OMCT ha seguido con atención las investigaciones tendientes a deslindar las responsabilidades por los hechos suscitados el 12 de diciembre de 2011 en la cuidad de Chilpancingo, Estado de Guerrero, en contra de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que resultaron en la muerte de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, así como casos de tortura, malos tratos y detenciones arbitrarias, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.[1]
En su momento, la OMCT acogió con satisfacción el inicio de una investigación sobre estos hechos por parte de la CNDH, en uso de la nueva facultad constitucional que la habilita para conducir investigaciones especiales por graves violaciones a derechos humanos.[2]
Las conclusiones de la investigación quedaron establecidas en la Recomendación 1 VG/2012, emitida por la CNDH el 27 de marzo de 2012. Consecuentemente, en el marco de las obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos, las autoridades están obligadas a dar seguimiento a esta Recomendación. Sin embargo, existen elementos que generan inquietud respecto al proceso de cumplimiento de la Recomendación 1 VG/2012 por parte de las autoridades competentes.
Así, la OMCT ha sido informada por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” sobre el amparo otorgado recientemente por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero a favor de los dos policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, que habían sido acusados de la muerte de los dos estudiantes. En virtud de la resolución dictada, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo debe dictar una nueva resolución en la que determine la situación jurídica de los acusados.
En este contexto, la OMCT expresa su profunda preocupación por la posibilidad de que estos homicidios queden en la impunidad e insta a las autoridades competentes, en particular a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, a cumplir con la obligación de investigar con debida diligencia y defender el interés de las víctimas en el marco de los procesos penales en curso, apoyándose en las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la CNDH y recogidas en la Recomendación 1 VG/2012.
La OMCT recuerda que la CNDH, en la mencionada Recomendación, identificó a los dos policías ministeriales como los responsables de la privación de la vida de los dos estudiantes, basándose en extenso material probatorio. Asimismo, la CNDH afirma que la conducta “por acciones y omisiones consistentes en la tolerancia, anuencia y deber de cuidado (…) implica una responsabilidad” del ex Procurador General de Justicia y del ex Director General de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero y concluye que estas circunstancias deben ser “plenamente investigada[s] por la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades”.
La OMCT insta a las autoridades competentes a investigar debidamente, identificar, enjuiciar y sancionar a los autores materiales y cargos políticos responsables de todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Ayotzinapa y recogidas exhaustivamente en la Recomendación 1 VG/2012 de la CNDH.
Contacto
- OMCT: + 41 22 809 49 39
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> [1] Ver llamado urgente de la OMCT del 12 de febrero de 2012.
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> [2] Ver declaración pública de la OMCT del 23 de febrero de 2012.