“Queda clara la ineficacia para erradicarla”, señala el documento de cerca de 100 páginas. Sólo entre enero de 2010 y diciembre de 2011 el organismo documentó 47 casos de tortura en Chiapas, ocho mujeres y 39 varones, a quienes el Frayba considera “sobrevivientes de este crimen de lesa humanidad”.
El detallado informe identifica como practicantes rutinarios de la tortura, con evidente método, a policías federales, estatales y municipales, funcionarios de Ministerio Público, militares en funciones, autoridades judiciales y carcelarias. En determinados casos participan también civiles de organizaciones oficialistas, algunos caracterizados en las denuncias como paramilitares.
En Chiapas, “los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se han convertido en una práctica ‘normal’ y aceptada por las autoridades de procuración, administración de justicia y el sistema carcelario, tolerada por el Ejecutivo del Estado”. Esto hace que “la mayoría de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP) no procedan o encuentren obstrucciones en su integración”, y por tanto queden impunes. Esta conclusión se sustenta en la información documental con que cuenta el Frayba, cotejada con la información proporcionada por el mismo gobierno estatal, que en 2010 registró 11 casos de “presunta tortura”, de los cuales consignó ante el juez sólo un responsable, y detuvo a dos funcionarios de cinco que estaban acusados. Para junio de 2011, el gobierno sólo tenía un caso en investigación.
De la crueldad al cinismo. Informe sobre la tortura en Chiapas (Jovel, junio de 2012) describe a detalle “los patrones de tortura realizada por funcionarios y servidores públicos del gobierno de Juan José Sabines Guerrero, así como los efectos psicológicos y médicos que ocasionan”. Se incluyen los casos documentados en los dos años anteriores, “así como un análisis esquemático de los métodos y patrones de actuaciones de los perpetradores”.
Se registran y analizan las experiencias de 47 víctimas en 15 municipios: Acala, Bella Vista, Comitán, Chilón, Huixtla, El Porvenir, Motozintla, Ocosingo, Palenque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Lo mismo se trata de indígenas que mestizos. La mayoría “se produjeron en actividades relacionadas con la procuración de justicia y la implementación de una política de seguridad pública en el marco de la guerra declarada contra el crimen organizado por el presidente Felipe Calderón”.
Los casos de conocidos por el Frayba indican que este acto “subsiste sobre todo” entre miembros la Policía Ministerial adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para obtener información o una confesión firmada. Por estos hechos “el Estado es responsable por acción directa y omisión, ya que una vez perpetrada la tortura no interviene para sancionar a los perpetradores”, garantizando la impunidad y legitimando esta violación a las garantías.
La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGJE “es el mecanismo que encubre y justifica las violaciones cometidas por las autoridades estatales”. Funcionarios de dicha instancia “niegan que la tortura sea una práctica en Chiapas”. Igual papel juega la Fiscalía Especializada de Protección y Atención a los Organismos No Gubernamentales y la Defensa de los Derechos Humanos. “Ambas constituyen una estructura superficial creada por el gobierno de Chiapas para justificar su acción en la defensa de los derechos humanos”.