Almaráz Matías, Isabel

Libre desde julio

Escrito por Colectivo Zapatista de Oaxaca, en Mujeres y la Sexta

Después de permanecer más de seis años en prisión, Isabel Almaraz Matías recuperó su libertad el 17 de julio de 2008. Isabel, mujer indígena y madre soltera de dos niñas fue acusada de un delito que no cometió. Su historia refleja las graves deficiencias del sistema de justicia vigente; un sistema cuyas deficiencias perjudican especialmente a la población indígena.

Oriunda de la Región Loxicha de Oaxaca, con un contexto social difícil, Isabel vio su vida afectada por un sistema de justicia lento e ineficaz. La madrugada del 29 de agosto de 1996, tras un ataque del EPR a instalaciones policiales y militares en Santa María Huatulco, la región se militarizó. Desde entonces las comunidades de Loxicha fueron objeto de detenciones arbitrarias, cateos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, fabricación de delitos, amenazas y procesos penales irregulares.

Desde que las comunidades fueron militarizadas Isabel participó activamente en las protestas y denuncias realizadas para señalar los abusos. Fue detenida en la capital de Oaxaca en 2002 por el delito de secuestro, el cual no cometió. Después de ser detenida e interrogada de manera irregular vivió una situación sumamente difícil para ella y sus dos hijas pequeñas. Su testimonio es muy descriptivo:

Cuando recién me detuvieron (…) mis mayores preocupaciones eran mis hijas y mi madre que se encontraba en estado de coma y que murió cuatro meses después de mi detención. (…) Cada que preguntaban qué hacía yo encerrada, tenía que aguantarme las ganas de llorar y ser fuerte para no afectarlas más. (…) Es muy difícil vivir presa y más difícil se me hizo sabiendo no había cometido ningún delito. Creo que el gobierno me tuvo presa como una forma de decirles a las mujeres que luchan lo que les puede pasar si continúan luchando, para calmar la lucha de Loxicha. Los indígenas de México somos los más pobres. Vivimos en carne propia la desigualdad, somos discriminados y el gobierno quiere seguir pisoteando nuestros derechos.

En 2008, tras seis años de proceso en los que estuvo privada de su libertad, Isabel fue sentenciada a tres meses de prisión. Pese a la insuficiencia de las pruebas un juez penal de Oaxaca la encontró responsable del delito de privación ilegal de la libertad, basándose para ello en una confesión arrancada a Isabel en condiciones irregulares. De esta manera Isabel ha recuperado su libertad, pero la sentencia dictada en su contra ha sido apelada por su defensa y se estudian las vías pertinentes para exigir la indemnización correspondiente al tiempo que Isabel permaneció injustamente en prisión.

En el caso de Isabel ha habido graves violaciones a sus derechos humanos, entre ellos destacamos:

1. Violación al derecho a la integridad personal. Durante todo el proceso fue agredida física o verbalmente por policías y agentes del ministerio público. Las irregularidades nunca fueron investigadas, aun cuando constituyen torturas o tratos crueles e inhumanos.

2. Violación a los derechos específicos que se derivan de su condición de mujer indígena. Nunca tuvo acceso a un traductor o intérprete en ningún momento del proceso; se le negó este derecho arguyendo que entendía el español.

3. Violación del derecho a una defensa adecuada. Isabel jamás tuvo oportunidad de ser asesorada por un defensor público. Careció de información sobre el estado de su causa, tuvo que cambiar de defensor en varias ocasiones y las audiencias se pospusieron frecuentemente, por lo que el proceso de extendió durante más de seis años.

4. Violación del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Una de las más graves violaciones a los derechos humanos de Isabel es la excesiva duración de la prisión preventiva: durante los 72 meses que estuvo presa, cumplió 24 veces la sentencia que se le impuso.

La situación que Isabel ha enfrentado es común a la que enfrentan muchos otros hombres y mujeres quienes son víctimas de un sistema de justicia del que está ausente el debido proceso. En el contexto de la reforma procesal penal iniciada en nuestro país con la aprobación de las reformas constitucionales en la materia, debe reiterarse la deuda del Estado mexicano con el respeto a los derechos de pueblos y personas indígenas.