Los centros de derechos humanos manifestaron preocupación «por la utilización de acciones legales en contra de defensores, con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo». Exigieron al gobierno federal cumplir con su obligación «de poner fin a todo tipo de agresión u obstrucción al trabajo de los defensores de derechos humanos en Chiapas», y honrar sus obligaciones contraídas en tratados internacionales.