Flores Herrera, Abad LIBRE

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El Sur de Acapulco

Arrestan a dirigente de la Policía Comunitaria; lo liberan a condición de que vaya a declarar

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Policía Ministerial del Estado (PIM) detuvo el jueves a Abad Flores Herrera, ex comisario municipal, policía comunitario y actual
consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) por el presunto delito de privación ilegal de la
libertad, por un hecho derivado de sus funciones en la Policía Comunitaria, y liberado horas después tras comprometerse a
presentarse voluntariamente a declarar ante la agencia del Ministerio Público.
La detención de uno de los dirigentes de la Policía Comunitaria "es parte de la represión, hostigamiento y guerra sucia
implementada por los caciques de la región en contubernio con el gobierno del estado, que confirma el plan de criminalización
que se ha venido aplicando en contra de todo movimiento social, en este caso, en contra de los pueblos originarios", denunciaron
ayer dirigentes de organizaciones indígenas y sociales.

La detención de Flores Herrera fue denunciada ayer por los dirigentes Amador Cortés Robledo, Jorge García Vázquez, Celerino
Leocadio Castro, Rodolfo Durán Márquez, Alberto Santiago Portillo, Pedro Tepetate Romero, Fidel Cantú Francisco, Renato Mejía
Morán, Roberto Juárez Ocampo, Eustorgia de Jesús Cabrera y Felipe Flores Hernández, miembros del Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG),
Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Movimiento Pacífico de San Luis Acatlán y del Frente Amplio Contra la
Corrupción.

El dirigente de la Policía Comunitaria fue detenido a las 12 y media del jueves pasado por agentes ministeriales con sede en el
municipio de Marquelia, encabezados por el comandante Manuel Gallardo, "fiel representante de los caciques y de los que
supuestamente se encargan de administrar e impartir justicia", se señala en un escrito de los dirigentes indígenas y sociales.

Al consejero de la CRAC se le acusa del supuesto delito de privación ilegal de la libertad de la señora Erika Rosa Basurto, tras de
que por tres veces fue citada para que pagara una deuda que tenía con otra persona, cuya petición hizo directamente a las
autoridades de la CRAC.

"Esta actitud de represión asumida por el gobierno deteriora y rompe toda relación de acuerdo y de respeto mutuo y coordinación
entre la CRAC y el gobierno del estado a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado", dicen en su escrito
También denuncian que la detención "es parte del solapamiento e impunidad con la delincuencia regional, y obedece a la línea
política de quienes ostentan el poder actual y es resultado de la perversión política del actual régimen zeferinista".

Los dirigentes sociales indican que la detención de Abad Flores Herrera "obedece a la ley del más fuerte y confirma la política de
persecución y hostigamiento hacia la institución de los pueblos originarios y sus autoridades, a pesar de que han demostrado a la
política de justicia del estado, que es posible combatir seriamente los desmanes en esta región bajo criterios de usos y
costumbres de los pueblos originarios".

Señalan que "desafortunadamente la falacia del cambio prometido por Zeferino Torreblanca Galindo no llega al pueblo de
Guerrero. Vemos que la vieja política la siguen reproduciendo los funcionarios zeferinistas de alto mando y aplican actos de
injusticia con elementos no fidedignos y tendenciosos para justificar a nombre de la ley arbitrarias detenciones como es el caso
de nuestro compañero Abad Flores Herrera".

Las organizaciones sociales demandan al procurador general de Justicia "y sus altos mandos el desistimiento de acciones penales
en contra de los compañeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias".
Asimismo le exigen que instruya para que de manera inmediata cancelen "el plan de guerra que está aplicando contra la
institución comunitaria de los pueblos, porque ponen en peligro la paz en la región, con riesgo de generar una escalada de
violencia".

Advierten al final que cualquier movimiento radical que se desate en el estado "es responsabilidad del gobierno Zeferino
Torreblanca Galindo y sus instituciones totalitaristas".

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