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Académicos de 26 universidades piden cesar persecución a Roberto Formacio

Miércoles 15 de febrero de 2017, por Comité Cerezo México

Una carta, acompañada de mil 200 firmas de miembros de 26 universidades y campus internacionales, señala que el proceso es un artificio legaloide y prefabricado

Miembros de la comunidad académica nacional y extranjera solicitaron al gobernador Antonio Gali Fayad cesar la persecución legal y política contra del defensor de derechos humanos indígena Roberto Formacio Ramírez y protegermonumentos y zonas arqueológicas.

Integrantes del Movimiento Cholula Viva y Digna entregaron hoy en Casa Aguayo, sede del gobierno estatal, una carta acompañada de mil 200 firmas de integrantes de 26 universidades y campus internacionales demandando al mandatario la libertad de Formacio, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sobre quien pesa una orden de aprehensión vigente, resultado de la persecución contra ciudadanos por defender el patrimonio histórico y arqueológico de Cholula, que dejó como saldo 4 presos políticos.

Roberto Formacio, junto con una decena de ciudadanos, fue acusado por los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, pero sólo en él quedó firme el delito grave de despojo por la toma de la alcaldía el pasado 6 de octubre de 2014, delito que no alcanza fianza.

En la misiva, académicos de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) Universidad Iberoamericana (UIA), Universidad Autónoma de México (UNAM), Guerrero (UAGRO), Hidalgo (UAEH), École Supérieure du Commerce Extérieur (ESCE), la Universidad Autónoma de Córdoba, Argentina, de la FLACSO, INAOE, UAM Xochimilco, entre otras, sostienen que el proceso que se sigue a Formacio es un artificio legaloide y prefabricado por la lucha que ha desarrollado dentro de los marcos de la constitución.

“Es evidente que tiene vicios de origen la causa que se le sigue de manera ilegal, a (Gali) le decimos que callar la voz de un universitario, es callar la conciencia del pensamiento crítico de todos los que pensamos de esta manera en México”, dice la carta.

Además de la petición de una audiencia con el Ejecutivo, la comunidad intelectual pidió que se protejan los monumentos y zonas arqueológicas parte de la identidad histórica.

Investigadores invitaron a Gali Fayad a que reconsidere la diversidad de proyectos que están impulsando en un espacio sagrado. “Creemos que si su gobierno aún tiene presos políticos y no consulta a los pueblos originarios, entonces no se puede hablar de una verdadera democracia y libertad de expresión en Puebla”.

Xóchilt Formacio precisó que la petición a Gali Fayad es que tome distancia de las políticas de destrucción en la zona arqueológica de Cholula que emprendió el exgobernador Rafael Moreno Valle y la nueva administración sea consciente de la riqueza y tradición arqueológica del municipio que enfrenta un embate del mercado de la oligarquía que quiere poner todo al mercado y que demuestran su incultura y su falta de conocimiento histórico.

Cholula es un pueblo indígena al cual le pertenecen sus tierras

En la misiva, científicos le reiteran al actual mandatario que en Puebla más de 200 personas fueron encarceladas por exigir sus derechos, de los cuales al menos 125 habitaban pueblos indígenas o eran campesinos que se opusieron a proyectos de despojo a los bienes comunes de los pueblos originarios.

A lo largo de tres cuartillas exponen las razones de la defensa del territorio de Cholula. “La gran Cholollan a la que acudían importantes autoridades y sacerdotes de toda Mesoamérica a consagrarse en el templo a Quetzalcóatl, ciudad que no ha perdido su espiritualidad y tradiciones aún a pesar de los siglos, convirtiéndose en un patrimonio de la humanidad la gran civilización cholulteca”.

Le informan también que Cholula es un pueblo indígena al cual le pertenecen sus tierras, aguas, cerros y sitios sagrados, por lo que es un pueblo que tiene derecho a la consulta y el Estado tiene la obligación de llevar a cabo esa consulta conforme lo marcan el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2° constitucional, procedimiento que ha sido violado pues las obras en el "gran Tlachihualtepetl" se han realizado sin el consentimiento de los pueblos cholultecas.


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