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El drama de los desplazados en Guerrero

Martes 11 de octubre de 2016, por Comité Cerezo México

Una terrible historia de la Tierra Caliente

Oro, tala de bosques, crimen organizado, autoridades cómplices, caciques. Todo junto, en un mismo sitio, en una misma trama, es la causa conjunta que ha llevado a decenas de asesinatos con la mayor impunidad y a que decenas y decenas de familias huyan de sus comunidades en la Tierra Caliente. Esta es la historia de Mariana y de las familias que se atrevieron a luchar contra el ecocidio que devasta la sierra. Una lucha que ha cobrado muchas vidas y arrojado de sus comunidades a otros tantos que, en tierra ajena, no tiene ni para comer. Y no importa si el gobierno lo sabe, pues no hace nada. Ni para frenar a los delincuentes, ni para atender a los desplazados de Tierra Caliente. Y como esta hay, en Guerrero, centenares de historias más. Tantas como las que han provocado que en los últimos años el número de guerrerenses desplazados de sus comunidades sea hoy superior a los quince mil habitantes. Más de 15 mil personas por las que nadie ve ni hace nada.

Por Marlén Castro
Fotos Javier Verdín

Más de 15 mil personas vagan hoy por Guerrero: la violencia y la inseguridad y el riesgo a ser asesinadas las obligaron a huir de sus comunidades, ante la indiferencia o complicidad de las autoridades

I

Mariana desterrada

Pienso en mis hijos que no están conmigo, en José de Jesús (16 años), Erick (15) y Enrique (9) y sufro, porque los extraño y sé que ellos también la estarán pasando tan mal como nosotros aquí en La Unión (municipio de Ayutla), donde nos venimos a esconder, sin agua, sin comida, sin forma de sembrar algo; hay días que ni una bola de azúcar tengo para alimentarnos.

Cuando nos salimos de Puerto las Ollas (municipio de Coyuca de Catalán) porque si no lo hacíamos, nos mataban, dije: Dios, los dejó en tus manos ¡Cuídamelos! Eso es lo único que pude hacer. Ellos estaban con su papá en Hacienda Dolores (otra comunidad serrana de Coyuca de Catalán) y yo tenía que ver por los que estaban conmigo, por María del Carmen (14) por Yahir (11) y por Marco Eruviel (4), el más pequeño.

Desde entonces no sé nada de mis hijos, ni de mi marido, a él lo amenazaron de que si nos buscaba y se venía con nosotros lo iban a matar, y yo sé que si nos busca para estar con nosotros todos vamos a morir asesinados. Por eso mejor les di mi bendición, que Dios decida la suerte de ellos y la de nosotros.

Eran cerca de las diez de la noche, del 10 de marzo de 2013, cuando a Puerto las Ollas, del municipio de Coyuca de Catalán, llegaron varias camionetas de policías estatales para resguardar el éxodo de unas 50 personas amenazadas de muerte por los Díaz, los Flores y los Benítez, de la comunidad de Los Ciruelos, sus vecinos.

Entre esas personas iba Mariana Díaz Pérez, de 31 años, irónicamente de los mismos Díaz y también originaria de Los Ciruelos, con sus hijos María del Carmen, de 11 años, Yahir, de 8 y el pequeño Marco, de sólo un año seis meses.

Se trataba de 50 familias originarias de La Laguna, de Los Ciruelos y de Hacienda Dolores que habían llegado a resguardarse a Puerto Las Ollas desde el 30 de noviembre de 2012, dos días después de los asesinatos de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Villa Santana, en la Laguna, emboscados en un cerro al que subieron en busca de señal de celular para enviar un llamado de auxilio por la tardanza de los militares que irían por ellos, pues había amenazas de que la gente de Los Ciruelos iría a matar a todos.

Durante el 27 de noviembre y la mañana del 28, Juventina con sus hijos y sus nueras, y las familias de las otras dos comunidades, estuvieron esperando a los militares, hasta que el miedo a la muerte pudo más que la prudencia y Juventina subió al cerro en busca de señal telefónica, a donde la esperaban los de Los Ciruelos, seguros de la reacción de la lideresa ecologista ante la tardanza de los militares.

Han pasado tres años y un mes del destierro. Los mismos que Mariana y Noé, con 17 años de matrimonio, no saben nade de ellos, ni de los hijos que cada quien se quedaron.

A

En Guerrero, de acuerdo al Legislativo y Ejecutivo, el fenómeno de los desplazados por la actuación del crimen organizado, ha tomado a las instituciones desprevenidas y no hay cifras confiables, ni tipologías, ni un marco normativo que propicie la atención adecuada de las familias afectadas.

Por eso se aprobó en la sesenta legislatura local, en julio de 2014, la ley 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero, “para establecer las condiciones más adecuadas y seguras para que los desplazados estén en las mejores condiciones humanas”.

Fue una iniciativa en la que coincidieron el entonces diputado del Partido del Trabajo, Jorge Salazar Marchan y el gobernador Angel Aguire. El pleno aprobó las iniciativas fusionadas de Salazar y del Ejecutivo sin discusión, también sin mucha conciencia de la realidad de los desplazados.

La referencia, como se menciona en la ley, fue la situación de 441 familias de Tierra Caliente, principalmente de las desterradas de la Laguna.

Pero el fenómeno, como estableció el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI), en diciembre de 2015, es mucho más grande. En Guerrero, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid), de 2009 a 2014, se desplazaron 12 mil 590 personas a causa de la violencia y la inseguridad.

Guerrero ocupó el quinto lugar nacional por las personas desplazadas por esos motivos. Primero se ubicó Tamaulipas con 41 mil 47 personas, segundo fue Chihuahua con 26 mil 519, tercero Ciudad de México con 22 mil 904 y cuarto el Estado de México con 18 mil 856. En total, por motivos de violencia, 185 mil 936 personas cambiaron de forma forzada su lugar de residencia, de un total de 2 millones 894 mil 229 personas, que lo hicieron por motivos tan diversos como reunirse con sus familiares, buscar trabajo, cambio de empleo o por estudios.

En Guerrero se desplazaron en total 117 mil personas, 12 mil 590 lo hicieron por la violencia.

Los refugiados en Ayutla y Petatlán son 31 familias, aproximadamente 240 personas entre ancianos, hombres, mujeres y niños. Pero 160 personas de las mismas comunidades serranas andan dispersas en diferentes comunidades de varios municipios.

Los desterrados por la violencia en Guerrero son muchos más. Hay en la región Centro, en la zona Norte, en la Montaña Baja, en la Costa Grande, en la Costa Chica, en Acapulco. Todo el territorio estatal tiene desterrados.

Santa María Sur es un pueblo del municipio de San Miguel Totolapan, también de la Tierra Caliente, del que escaparon 37 familias, alrededor de 150 personas, cuando en junio de 2014, llegó un grupo del crimen organizado a exigir la integración de todos los hombres a sus huestes. O se sumaban o los mataban. Esas eran las opciones. Abandonaron sus casas, sus tierras de labor a punto de dar sus frutos, sus animales.
Pidieron auxilio al Ejército. Los militares los sacaron de ahí y los dejaron de madrugada en el centro de Iguala, donde los rayos matinales los sorprendieron durmiendo en una banqueta.

Ahora, el 70 por ciento de la población de Santa María del Sur vive en Chilpancingo en un hotel que mes con mes paga el gobierno del estado.

El Rincón del Vigilante es una comunidad de Teloloapan, en la región Norte, que no hizo honor a su nombre. Llegaron hombres armados sin que los habitantes supieron por dónde. Para que los hombres no se hicieran sicarios forzados, 31 familias abandonaron todo.

Tlanipatlán de las Limas es otro pueblo fantasma de Teloloapan. Sus habitantes que no eran pocos, alrededor de 900, huyeron en marzo de 2013 tras varios secuestros. Una noche a punta de pistolas se llevaron a varios campesinos, por quienes pedían un millón de pesos para dejarlos regresar.

El oro de Carrizalillo, comunidad del municipio de Eduardo Neri, en la región Centro, no fue suficiente para retener a la mitad de las familias que en marzo de 2014 se refugiaron en Iguala ante cobros de piso, secuestros y asesinatos.

Los desterrados más recientes salieron huyendo de Quetzalcoatlán de las Palmas, una comunidad nahua del municipio de Zitlala, en la región de la Montaña baja, el 6 de enero de 2016, luego de que un grupo de pistoleros ingresó a la comunidad y mató a seis habitantes, dos de ellos, eran ancianos, y uno menor de edad.

Se salieron 19 de las 24 familias, alrededor de 60 personas. El 12 de marzo regresaron 15 familias ante la promesa del gobierno del estado de mandar vigilancia policíaca las 24 horas del día. Cuatro se quedaron en Zitlala por miedo a morir en una segunda incursión.

La ley 487 no previno ni ha atendido nada de este fenómeno. Mariana y sus tres hijos, al igual que las 10 familias en La Unión, las tres de Tepango, del municipio de Ayutla y 10 más en Tondonica, municipio de Petatlán, tienen días en las que no hay un solo peso para mandar a los hijos e hijas a la escuela, no hay un vaso de leche ni para los más pequeños. Se van a la escuela con el estómago vacío. Esa falta de alimento se nota en sus cuerpos. Su estatura es corta y su piel ceniza. Dos de los síntomas claros de la desnutrición.

II


Mariana en Hacienda Dolores

“¡Mariana, salte con lo que tengas, vete con tus hijos, vienen por ti!”.
Me lo dijo alguien que venía aprisa, tocó mi puerta y se fue corriendo. Yo pensé: ni crean que me voy a ir, seguro es una forma de espantarme, no les voy a dar ese gusto. En ese entonces vivíamos en Hacienda de Dolores pero Noé se había ido a Ciudad Altamirano. Era un jueves como a la una de la tarde del 6 de noviembre de 2012. Yo no me moví ante la advertencia, pero a los pocos minutos llegó alguien, a quien si le tenía confianza, a decirme que por la barranca venían muchos hombres armados y que se había corrido el rumor de que venían por mí, que era cuestión de minutos que llegaran a mi casa.

Me aterroricé tanto, pero pensé que si llevaba a todos mis hijos conmigo no iba a llegar ni a diez metros pues no iban a poder correr rápido, así que sólo agarré a Marco, a quien todavía le daba pecho y tenía apenas un año y un me, porque pensé que si lo dejaba se moriría, los demás tenían más probabilidades si se quedaban y se escondían que si se iban conmigo, mi suegra sacó a todos por la calle de atrás para esconderlos en la iglesia y yo agarré a Marco y corrí, corrí, corrí mucho, agarré el camino a la Laguna de subida, sentía que el corazón me iba a estallar y también sentía que no avanzaba nada, que los pasos que daba no me alejaban de ahí, pero sí iba muy rápido porque llegué a la Laguna como a las dos de la tarde, normalmente uno llega dos o tres horas después. Ahí me quedé hasta tener noticias de Noé y del resto de mis hijos. Noé me hizo llegar a María del Carmen y a Yahir hasta enero del 2013, aunque ya había sido amenazado para que no me viera ni me llevara a ninguno de mis hijos.

Dicen en Los Ciruelos que iban por mí para cambiarme por todos los Santana Villa. Para ese entonces ya habían matado a mi papá y a Rubén Santana, pero querían acabar con todos los Santana, aún no asesinaban a Juventina. La querían a ella.
Como yo me escapé, los asesinos fueron por dos sobrinos de Juventina, Celso Chávez Segura y Fortino Méndez Segura, quienes sólo tenían 15 y 17 años. Éramos vecinos. Entraron por ellos y se los llevaron al cerro. Allá arriba los mataron.

Mariana Díaz, de los mismos Díaz de Los Ciruelos, es hija de Damián Díaz Hernández, asesinado en la Laguna el 1 de septiembre del 2012, durante una incursión armada de unos 50 pistoleros. Ramón Díaz nació en Los Ciruelos pero dejó su comunidad desde principios de 2011, luego de salir con vida de una emboscada tendida por sus propios primos, de los mismos Díaz, pero a quienes no quiso apoyar en la explotación de la madera de esas comunidades serranas, posición que lo acercó con Rubén Santana Alonso y Juventina Villa Mojica, dirigentes locales de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC)

B

A pesar de los miles de desplazados en el territorio nacional, sólo Chiapas y Guerrero han aprobado leyes para prevenir y atender el desplazamiento interno. En América Latina, la experiencia más directa se registró en Colombia. En las décadas de los ochentas y noventas, a causa de la guerrilla y el narcotráfico, unas 600 mil personas se salieron de sus hogares, de acuerdo al especialista en el tema, Gustavo Zafra Roldán, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota, cuyos datos fueron plasmados en el estudio Los desplazados internos por la violencia.

El desplazamiento masivo de personas, sea cual sea la causa, agudiza los problemas socioeconómicos y sociales de una nación, dice Zafra Roldán en su estudio. El despoblamiento de zonas agrarias, de donde casi siempre provienen los desplazados, coincidentemente también son lugares ricos en recursos naturales y económicamente estratégicos, va de la mano con la ampliación de las zonas marginales en las ciudades, la disminución de la producción y el aumento de precios en los productos del campo.

Además de otros problemas secundarios como el incremento del abstencionismo y caída de la participación ciudadana.

III

Mariana, los primos y los bosques

A mi papá lo mataron en La Laguna. Como a las cuatro de la tarde del primero de septiembre del 2012, cayeron en la comunidad unos 60 sicarios, rodearon las casas y comenzaron a tirar desde donde estaban escondidos. ¡Se van a morir todos jijos de su chingada madre, vamos a despedazarlos y a quemarlos con leña! Eso gritaban mientras disparaban a las casas. Mi papá murió en esa incursión y mi hermano Joaquín quedó mal herido. Vimos a los que nos atacaron, a la mayoría los conocíamos, habíamos crecido con ellos en Los Ciruelos, jugábamos todos de niños, varios eran nuestros primos hermanos.

El coraje contra nosotros comenzó desde que mi papá no los quiso apoyar con lo del corte ilegal de la madera, ellos pensaban que como eran familia mi papá iba a estar de acuerdo, primero sólo era el problema de los bosques, pero después se sumaron otras cosas. Se metieron a la maña, traficaban droga, y querían que en todo eso los apoyáramos.

C

En toda esa área hay concesiones mineras y el gobierno y el crimen organizado le está apostando a que la gente se salga de las comunidades para que cuando lleguen las empresas no tengan ningún impedimento para trabajar, responde sin titubear Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos de Chilapa José María Morelos y Pavón (CDHM) cuando se le pregunta la causa de tanta violencia en las comunidades serranas de Coyuca de Catalán, región de la Tierra Caliente, lo que ha originado el problema de los desplazados.

Olivares indica que entre 2005 y 2012 han asesinado a 27 integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, fundada en 1998 para la defensa de los bosques, entre ellos, a varios integrantes de la familia Santana Villa, a Rubén Santana y Juventina Villa y a cuatro de sus hijos, originarios de la Laguna, además de dirigentes que desde los noventa han encabezado la defensa de los bosques, como Javier Torres Cruz, y Eva Alarcón y Marcial Bautista.

Luego de un año de una lucha organizada por la defensa de los bosques, miembros del Ejército mexicano ejecutaron extrajudicialmente a Salomé Sáncez y detuvieron a Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, en Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso.
La OCESPCC tardó en reorganizarse luego de este golpe. Surgieron entonces los liderazgos de Javier Torres Cruz, en la Morena, municipio de Petatlán y de Rubén Santana y Juventina Villa, en La Laguna, Coyuca de Catalán.

Esta guerra en la cumbre de los bosques desencadenó las desapariciones de Nicómedes Villa Santana, Orlando Rebolledo Téllez y Daniel Cabrera Peñaloza, en febrero de 2005. Los campesinos bajaron a Petatlán a comprar víveres para el casamiento de Nicómedes y desde entonces se desconoce su paradero.
En marzo de 2005 mataron a José de Jesús Santana Villa, hijo de Rubén y de Juventina.

El 24 de abril de 2007, Rubén y Juventina llamaron a la gente de las comunidades a combatir un incendio provocado por los talamontes. En medio del fuego asesinaron a dos menores de edad, de entre 16 y 18 años. A Justo Arroyo Delgado, de 16 años, originario de la comunidad Los Órganos, hijo de Santiago Arroyo Camacho y de Elfega Salgado Vega. En el mismo hecho también privaron de la vida a un joven indígena de 18 años, que trabajaba con Rubén Santana, del que desconocían su nombre.

El 7 de mayo de 2007, cae el comisario municipal de los Huajes de Ayala, José Inés García Silva, en Ciudad de Altamirano, municipio de Coyuca de Catalán.

Raymundo Díaz Maldonado, consuegro de Rubén Santana Alonso, lo ejecutaron el 23 de agosto de 2008 en Coyuca de Catalán.

Entre 2005 y 2007 se registran varias incursiones de policías, militares y ministeriales a estas comunidades que tienen en común la defensa de los bosques. Se documentan maltrato y tortura luego de las denuncias de los habitantes a organismos de derechos humanos, tanto de la sociedad civil como del gobierno. Los policías, militares y ministeriales dicen buscar hombres armados. Las autoridades vinculan a Rubén Santana con grupos guerrilleros.

Otra incursión el 14 de febrero de 2009, ésta de pistoleros de Los Ciruelos, en la comunidad Barranca de las Truchas, la que se había sumado a la OCESPCC, asesinó a todos los hombres de la familia Méndez, a Estanislao Méndez Blanco, Pedro Méndez Blanco, Nicolás Méndez Ríos, Cipriano Méndez Pérez y Adrian Méndez Pérez.

El 31 de octubre de 2009 emboscaron en el crucero de Las Calaveras a los jóvenes de la Laguna, Alejandro y Bertín García Cortés, y a Rogelio García Valdovinos. No salieron vivos de la celada.

A Rubén Santana lo asesinaron el 18 de febrero del 2011. Su hermano Valdo también recibe impactos de armas de grueso calibre que lo pusieron al borde de la muerte, pero logró salvarse. Todavía no se cumplían dos meses de luto cuando el 17 de abril, en otra emboscada, cayeron Sergio Santana, el segundo hijo de los Santana Villa y también Gilberto Islas Salto y Martín Arroyo Casarín.

Las agresiones ocasionaron el primer desplazamiento hacia Puerto las Ollas. El 21 de abril del 2001, Juventina Villa encabezó el éxodo de 31 familias, con el resguardo de militares y la policía del Estado. El gobierno nunca atendió a los desterrados, quienes vivían a la intemperie. En Puerto las Ollas no tenían alimentos, ni agua, y no había forma de sembrar. Se morían de hambre. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a veces les alcanzaban despensas, pero no eran suficientes para alimentar 200 bocas todos los días. Regresaron el 1 de octubre de 2011. El retorno era como una sentencia de muerte, pero quedarse en Las Ollas era morir de inanición.

Leticia Santana, hija de Juventina y Rubén, se queda en La Laguna a causa de un embarazo avanzado y de alto riesgo. Su esposo, Jorge Delgado Salgado, es asesinado ese mismo mes de abril en Los Organos, mientras Leticia da a luz a un hijo muerto, porque nunca llega a la comunidad la atención médica que necesita.
Ese mismo abril asesinaron a Javier Torres Cruz, originario de La Morena, luego de sobrevivir a varios atentados, y en septiembre del 2011 a Enrique Rodríguez Santana, primo de Rubén.

Otro hijo de los Santana Villa, el tercero asesinado, Joel Santana Villa, murió envenenado en la cárcel de Tuxpan, en Iguala, en diciembre de 2011, el día que iba a quedar libre, aunque las autoridades emitieron un boletín en el que aseguraron que se había suicidado. Joel había sido recluido acusado de posesión de drogas y armas, pero con unas pruebas dactiloscópicas que ofreció la defensa logró demostrar que las supuestas evidencias del delito habían sido sembradas y por eso se le dictó auto de libertad.

Ese mismo diciembre emboscaron y mataron a Ascencio Villa Santana, primo de Rubén. También en diciembre de 2011 son asesinados Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, presidente y coordinadora general de la OCESP. Los bajaron del autobús en el que viajaban de Petatlán a la Ciudad de México para asistir a una reunión del Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad.

A Ramón Díaz Hernández, el papá de Mariana, lo asesinaron el 1 de septiembre de 2012. Del 9 al 12 de noviembre, en incursiones armadas a varias comunidades, fueron asesinadas cinco personas, entre ellas, Celso Chávez y Fortino Méndez, sobrinos de Juventina, a quienes se llevaron cuando no encontraron a Mariana Díaz.
Juventina Villa y su hijo Reynaldo, el cuarto de los Santana Villa, son asesinados el 28 de noviembre del 2012. Los militares se tomaron su tiempo para llegar. Cuando entraron a La Laguna ya habían asesinado a la lideresa y al cuarto hijo de la estirpe de defensores de los bosques.

Todavía hubo otro Santana asesinado en medio del destierro. El 3 de febrero de 2013, Natividad Santana Alonso, hermano de Rubén, es asesinado en Puerto las Ollas. Se había quedado ahí para cuidar de su mujer y sus hijos.

Acapulco Guerrero 28 nov 2012 En una imagen tomada el pasado 13 de noviembre del 2011 desplazados de La Laguna llegan a su hogar lugo de varios meses de exilio en Puerto Las Ollas. Este dia se informo que Juventina Villa Mojica dirigente de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán fue asesinada por un grupo armado. Foto: Javier Verdín

IV

Mariana en La Unión

La policía nos dejó peor que a los perros. Era de madrugada cuando llegamos aquí. Nos bajaron de las camionetas en medio del monte, ni una luz, ni una casa cerca. No veíamos nada. Así pasamos el resto de la noche. Dormimos todos amontonados bajo un árbol. Estábamos ya muy lejos pero aun sentíamos miedo. Yo tenía miedo. Luego trataba de convencerme yo misma de que ya no había peligro, que ya no había nada porque temer, pues lo que querían es que nos saliéramos y abandonáramos todo, y todo lo dejamos atrás, pero no, no estábamos a salvo, hasta acá vinieron a buscarnos. Seguimos corriendo peligro, el policía que siempre está de guardia en el crucero, es un señor ya grande, que cuando pasamos lo vemos dormido. Sólo son dos, uno joven y uno grande, siempre que paso pienso que nada van a poder hacer cuando nos vengan a atacar de nuevo. No podemos salir de este agujero en el que nos venimos a meter, los hombres no pueden salir pues tienen órdenes de aprehensión y la policía los puede detener, como ya detuvieron a Gildardo Díaz Pérez, esposo de María del Carmen Santana Alonso, que según están acusados del secuestro de Homero Montúfar.

Yo soy la única que salgo a buscar lo que necesitamos a Ayutla, a veces a trabajar en alguna cocina económica, me pagan 100 pesos por el día, pero sólo me quedan 60 por los pasajes de ida y vuelta. Estoy todo el día con la congoja de que me vayan a matar, he visto a gente de Los Ciruelos en Ayutla, de los mismos que nos atacaron varias veces en la Laguna.

A veces digo ¡me van a matar por sesenta pesos! pero no tengo de otra, cuando no hay nada de comida, aunque sea eso me sirve.

D

Eran cerca de las diez de la mañana de un domingo de julio de 2013 cuando la muerte volvió a rondar a los desterrados de La Laguna. Ratatatata, Ratatatatatata, ratatatata, escucharon ese sonido siniestro.

Desde el jueves el miedo había comenzado a invadirlos. Gente de la cabecera comunicó a alguien de los desplazados que extraños andaba preguntando por ellos. Al sonar las primeras ráfagas llegaron policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Durante 40 minutos silbaron las balas alrededor de las casuchas, hechas con troncos y con lonas, en las que vivían los desterrados. Esta vez no cayó nadie de La Laguna. Esta vez les tocó a los agresores.

Cuando las armas dejaron de escupir fuego, cuando los policías ciudadanos les avisaron que el peligro había pasado, se enteraron que dos agresores habían caído, uno había huido y tenían un detenido. Hasta entonces salieron de sus casas que de todos modos no les proporcionaban ninguna protección.

La UPOEG dijo entonces que era indispensable aclarar “por qué había tantos interés en mandar gente desde la Costa Grande para atacar a los refugiados”. Uno de los sicarios muertos llevaba una credencial de elector. Se trataba de Rodrigo Valdovinos Palacios, si es que el documento era suyo, originario de la Barrita, municipio de Petatlán, región de la Costa Grande, conectado con Coyuca de Catalán mediante la sierra de pinos, encinos y ocotes. El detenido era Emmanuel Visoso Manzanarez, originario de Tixtla, a quien la UPOEG llevó a la casa de justicia de Ahuacachahue, en el municipio de Ayutla, pero nunca reveló el resultado de sus incipientes investigaciones.

E

En la cima de esta trama de desplazados, robo de madera y crimen organizado, figuran los Montufar, un grupo caciquil de Coyuca de Catalán. A esa familia pertenece Erit Montufar, dos veces director de la Policía Ministerial y Bonifacio Montufar, quien sin experiencia fue nombrado director de Seguridad Pública en Chilpancingo, cargo en el que permaneció durante dos alcaldías, y Abel Montúfar, alcalde de Coyuca de Catalán, quien en mensajes del crimen organizado ha sido señalado de ser el jefe de la plaza.

Sergio Santana, el patriarca de esta familia exiliada en el Tepango, padre de Rubén Santana no se amedrenta.

“Arriba de los Díaz, de los Flores y de los Benítez, quienes se roban la madera y la bajan a Tecpan y a Papanoa están los Montúfar”, sostiene en su exilio.

“Nosotros no los conocemos personalmente pero se sabe que son ellos quienes mandan”.

¿Cree que algún día puedan regresar a la Laguna?

Esa gente es muchísima, no creo que se acabe nunca, si nosotros regresamos es como irnos a entregar. Regresar es nuestra muerte.

F

El Servicio Geológico Mexicano armó un documento que se llama Panorama Minero del Estado de Guerrero. En ese documento hay un mapa del estado. En ese mapa sobresale una región: un cinturón que atraviesa la Sierra Madre del Sur, que arranca desde Mezcala y llega hasta Coyuca de Catalán. En ese cinturón hay oro. Ese oro está bajo los bosques. Los bosques que cuidaban los Santana Villa.


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