Detienen al tercer dirigente de la “28 de Octubre”; van contra Rita Amador y tres comerciantes

A pesar de contar con amparos, el gobierno del estado detuvo y encarceló al tercer dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de octubre, Fernando Alonso Rodríguez, y con ello la organización de comerciantes endureció la protesta social a nivel estatal y nacional para evidenciar la política represiva de Rafael Moreno Valle en Puebla.

En el proceso penal número 195/2015, radicado en el Juzgado Octavo Penal, también se acusó a cinco comerciantes más, entre ellos Rita Amador, Tomasa Chico y José Muñoz.

Los delitos que les imputan son: homicidio en grado de tentativa, robo agravado, daño en propiedad ajena intencional, lesiones calificadas, daño en propiedad pública oficial y los que resulten.

Este domingo Rita Amador y Tonatiuh Sarabia informaron de las irregularidades en el proceso, así como de las enfermedades crónicas y degenerativas que padecen los tres comerciantes presos (diabetes, hipertensión, hipoacústica, pancreatitis y gastritis), y por lo que pidieron la visita de un médico especialista.

La rueda de prensa se efectuó en el mercado Hidalgo, sede de la organización comercial, donde estuvieron respaldados por dirigentes de otras agrupaciones, como el Movimiento Nacional Los de Abajo, el Movimiento Autónomo Indígena Zapatista (MAIZ), el Movimiento Nacional por la Esperanza, la Asamblea Social del Agua y Mujeres Mexicanas.

Acusaron que para detener a Fernando le pusieron “un cuatro”. Una comerciante agremiada a la 28 de Octubre fue supuestamente golpeada en la Central de Abasto, quien le habló por teléfono para solicitarle ayuda. Sólo así pudo abandonar el mercado.

El abogado Tonatiuh Sarabia, a cargo de la defensa legal, reveló que el juez dictó las órdenes contra Fernando Alonso, basándose en fotografías bajadas de internet que presentó el acusado Antonio Díaz Ordaz y Emmanuel Díaz, dirigentes de la Federación “Doroteo Arango”.

“No sabemos en qué se basó el juez. Es el tercer caso en el que nos demuestran que fabrican pruebas para encarcelar a los comerciantes de la 28 de Octubre”, sostuvo.

Los supuestos cargos en contra del comerciante fueron resultado del choque ocurrido el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de pandilleros al mando de los Ordaz ingresó a punta de pistola al mercado Hidalgo con la intensión de provocarlos.

En la plática con los reporteros estuvo presente el señor Fernando Alonso Flores, padre de Fernando, quien dio por menores de la detención de su hijo ocurrida alrededor de las 16 horas del pasado jueves 25 de junio.

El septuagenario informó que contra su vástago se liberaron tres órdenes de aprehensión.

Asimismo, culpó al gobierno estatal de cualquier cosa que llegue a pasarle a su persona, pues continuamente le realizan hemodiálisis por un problema de salud, y sólo cuenta con la ayuda de su hijo.

“Lo detuvieron en el estacionamiento de Soriana cerca de 16 ministeriales, lo cercaron con tres carros y uno de ellos chocó contra la camioneta de mi hijo. Lo bajaron a golpes y le estrellaron la cara en el parabrisas; él iba sólo”, relató.

Posteriormente, dijo que a Fernando lo pasearon por más de tres horas antes de ingresarlo al penal de San Miguel. “Le recogieron dos teléfonos, una tablet y mil 40 pesos, que no aparecieron”.

Fernando Alonso es diabético e hipertenso. El día que fue detenido y encarcelado no había comido ni fue revisado por un médico.

“Dijeron que mi hijo portaba armas, que iba con Rita; le achacan tentativa en homicidio y de robar más de 100 mil pesos, de haber pegado a seis policías y de dañar tres patrullas”, resumió su padre.

“Celeridad impecable” del Poder Judicial

Tonatiuh Sarabia reveló que en el encarcelamiento de Fernando, como el de su padre Rubén Sarabia Sánchez Simitrio y el de su hermano Rubén Sarabia Reyna, los jueces se prestan al juego del gobernador. No hay división de poderes.

Evidenció que en los tres casos hubo una “celeridad impecable” del Poder Judicial en la liberación de las órdenes de aprehensión, en menos de 24 horas después de la denuncia presentada, cuando el proceso normal es de seis meses a un año.

Comparó que la UPVA 28 de Octubre también presentó una denuncia el mismo 15 de mayo, con el expediente número 932/2015/Norte, en contra de Antonio Ordaz y su hijo Emmanuel, por los hechos violentos de un día anterior sin que procediera la acusación.

“El director de la Policía Municipal dijo ese día a los medios de comunicación que vio a quienes disparaban y por eso los detuvo, pero al llegar al Ministerio Público nos voltearon las cosas y resulta que los agresores se convirtieron en víctimas”, relató.

En la denuncia dijo que Antonio Ordaz se contradice varias ocasiones. Primero dice que no participó en el enfrentamiento, después que estaba a la vuelta de sus bodegas que se encuentran junto al mercado Hidalgo, y al final admitió que sí estuvo presente.

En el choque del 14 de mayo, Tonatiuh informó que Rita Amador y Fernando Alonso se encontraban en el Distrito Federal, donde ofrecieron una rueda de prensa en las oficinas de Cencos (Comunicación para el Cambio Social), precisamente sobre la represión del gobierno morenovallista contra la organización.

Por otro lado, agregó que el agente del Ministerio Público no llevó a cabo los peritajes sobre la utilización de armas de fuego, pues a Emmanuel Ordaz Sánchez le efectuaron la prueba de barrido y rodizonato de sodio tres días después de los hechos violentos, y en la mano izquierda, cuando es diestro.

Esta prueba química revela si la persona detonó un arma de fuego, por el rastro que deja la pólvora.

Aunado a ello, informó que la Policía encontró dos pistolas en las oficinas de Antonio Ordaz, una 38 Súper y otra calibre 22, además de casquillos percutidos.

“Es una vacilada, acusan a los compañeros de homicidio en grave de tentativa por la agresión contra los policías, que no vieron quienes los golpearon, y el dictamen médico reportó que las lesiones no eran graves, que tardaban en sanar en menos de 15 días”, alegó.

Ante lo expuesto, Tonatiuh Sarabia informó que se pidió la ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas, que vence este próximo miércoles, pues evidenció que el encarcelamiento de Fernando Alonso fue un asunto político y no legal.

El litigante aprovechó para informar que en el caso de Simitrio está por resolverse un amparo contra la resolución que dictó la juez de manera irregular, que le puso una sentencia que terminaría de cumplir el 11 de noviembre de 2050.

“En los juzgados están haciendo todo lo posible para frenar los procesos y no avanzar, cambian el nombre de un tercero interesado de nombre Rodolfo Sánchez Sánchez, que nada tiene que ver con Simitrio”, reveló.

De igual forma, dijo que la juez de Sanciones y Medidas de Puebla no los quiere ratificar, y el juez de Cholula no les deja protestar el cargo como abogado junto a Samuel Porras Rugerio.

Finalmente, la defensa legal no descartó que el encarcelamiento de Fernando Alonso se trate de una vendetta política, pues el comerciante denunció por amenazas al ex director Político de la Secretaría de Gobernación del ayuntamiento capitalino, Mauro Nava Rossano, el pasado 22 de abril.

En respuesta, comentó que el Ministerio Público mandó a efectuar un diagnóstico psicológico a Fernando, quien se supone es el agraviado, del que salió favorable. El proceso fue el número 810/2015/ Norte.

“Una vez que sale el peritaje psicológico a favor de Fernando, esta averiguación previa le dan carpetazo, no la archivan, sólo nos infieren las fechas para presentar pruebas”, indicó.