La desaparición forzada en México, “crimen sistemático”: ONG alemana

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 2%

“Entre más el gobierno y las instancias estatales practiquen la desaparición forzada o la permitan y al mismo tiempo estigmaticen a los actores de la sociedad civil e impidan con ello el ejercicio legítimo y legal de tareas por los derechos humanos, mayor será la polarización y división de la sociedad mexicana."

BERLÍN (apro).- La desaparición forzada en México ha alcanzado nuevas dimensiones en los últimos ocho años. Se trata de un crimen en cuya ejecución participan distintos actores estatales, de todos los niveles; además, el Estado mexicano no contribuye –ni legal ni institucionalmente –, a esclarecerlo ni a brindar justicia a las víctimas.

Tal es la conclusión del análisis elaborado por la organización alemana Pan para el mundo, titulado Desaparición forzada en México, un crimen sistemáticamente perpetrado, que examina la creciente violencia en el país y señala que la desaparición forzada es un problema que se extiende en todo el territorio nacional, y que lejos de disminuir va en aumento en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Que en México la gente corra el riesgo en cualquier momento de sufrir detenciones arbitrarias, secuestro e incluso asesinato era hasta finales de septiembre de 2014 desconocido en el mundo. Con la desaparición de 43 estudiantes indígenas el 26 de septiembre en Iguala se supo lo que desde hace años las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado: una y otra vez la gente en México es secuestrada, torturada y asesinada o detenida arbitrariamente y ejecutada extrajudicialmente. Miles de personas son víctimas de la denominada desaparición forzada”, señala el documento.

Elaborado por la politóloga Christiane Schulz, coordinadora regional para Derechos Humanos de Pan para el Mundo hasta 2012, y auspiciado tanto por la ONG alemana como por la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, el análisis de 27 páginas refiere también la insuficiencia de las medidas que ha adoptado el Estado mexicano para proteger a la población y para hacer valer todos los instrumentos internacionales que en materia de Derechos Humanos México ha firmado.

Escalada de violencia

Desde 2006, y a partir de la denominada guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderon, la violencia en el país alcanzó niveles insospechados. El documento refiere que mientras que en el año 2007 la tasa de homicidios en México era 8.1 muertes por 100 mil habitantes, ésta se disparó a 23.7 homicidios por 100 mil habitantes en el 2014.

Tal violencia generó incluso que el Instituto para la Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heildelberg colocara desde el 2010 el conflicto en México en la mayor categoría, equiparándolo con el de una guerra.

En su análisis el Instituto identifica en México –en razón de los diferentes actores y focos de conflicto– distintos tipos de guerra: la denominada guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno mexicano; los conflictos armados entre las bandas de narcotraficantes y grupos paramilitares y la disputa por las plazas entre los propios cárteles que ya han dejado más de 70 mil muertos, 20 mil desaparecidos y cerca de 250 mil desplazados.

En este contexto, el estudio de Schulz aterriza en el tema de las estadísticas sobre la violencia en el país, las cuales, señala, no permiten llegar a conclusiones particulares ni a la causa del conflicto.

Para el caso específico de las desapariciones forzadas, Schulz señala que desde el año 2006 se acumulan los casos. En marzo 2011 familiares de víctimas entregaron al grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas documentos que acreditan la desaparición de cuando menos 3 mil personas. El informe no precisa si ésta cifra corresponde a desapariciones forzadas o desapariciones en general. En febrero de 2013 el gobierno de Peña Nieto señaló que durante la anterior administración hubo 26 mil víctimas de desaparición.

“Sin embargo, hasta hoy no existen cifras uniformes de afectados. Más aún, con regularidad distintas instituciones o miembros del gobierno publican estadísticas contradictorias. Hasta el momento tampoco existe un registro nacional que sea funcional y, por otra parte, sigue habiendo víctimas”, señala.

El Estado, responsable

Como consecuencia de la escalada de violencia en el país se ha deteriorado la situación de los derechos humanos. Al respecto, Schulz señala al Estado mexicano como el responsable de un empeoramiento sistemático de ésta en, al menos, tres sentidos:

“Primero a través de la participación directa de actores estatales en la ejecución de crímenes violentos; en segundo lugar, a través del incumplimiento de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos; y en tercer lugar, a través de la violación de su obligación de hacer valer los derechos humanos”.

El análisis de Pan para el Mundo destaca el incumplimiento del Estado mexicano en la obligación de proteger a sus ciudadanos: “una muestra de ello es la impunidad generalizada, de la cual se benefician los delincuentes. La CNDH parte de un 99% de impunidad en los crímenes cometidos. Y durante lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tampoco se ha contribuido a mejorar la situación del país en este sentido”.

Schulz menciona el informe del enviado especial de Naciones Unidas, Christof Heynes, quien en un reporte de abril del 2014 señala que el derecho a la vida en México está permanentemente en riesgo, además de que critica el déficit de justicia, la falta de voluntad política y falta de capacidad en las investigaciones criminales.

Además de incumplir con su obligación de proteger a sus ciudadanos, el Estado mexicano -de acuerdo con el análisis- tampoco cumple con otra obligación: la del respeto de los derechos humanos.

“Si bien el Estado cumple ciertas condiciones legales e institucionales, su ejecución no está garantizada por la falta de voluntad política. (…) El clientelismo y la corrupción contribuyen adicionalmente al fracaso de la política en materia de derechos humanos”, señala.

Y agrega: “El claro incremento en las violaciones a los derechos humanos -dentro de los que se encuentran desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, acompañadas de una sistemática y endémica impunidad– dan testimonio de la crisis de derechos humanos en México. La desaparición forzada cuenta como un acto especialmente brutal y se considera, de acuerdo con el estatuto de Roma, un crimen contra la humanidad cuando se da en el marco de ataques sistemáticos contra la población”.

En su análisis -que por cierto se trata de uno de los primeros y más completos en idioma alemán y elaborado para sensibilizar al público de este país– Schulz recuerda que la práctica de la desaparición forzada existe en México desde la época de la llamada Guerra Sucia.

Con el transcurso del tiempo, lejos de desaparecer se ha consolidado como una práctica sistemática en la que participan de manera directa actores del Estado: las fuerzas de seguridad como autores; los funcionarios con capacidad de decisión como autores materiales y los impartidores de justicia como cómplices al negarse a investigar los casos, resolverlos y castigar a los culpables.

“Ni a nivel legal ni institucional contribuye el Estado a castigar los crímenes y a darle justicia a las víctimas. En lugar de eso, los familiares de éstas emprenden un largo calvario”, concluye Schulz.

Y es que, según la politóloga, tanto las autoridades estatales como las federales -en muchos de los casos- niegan sus competencias para la búsqueda de los desaparecidos, para realizar las investigaciones forenses pertinentes y para la aclaración posterior de los casos.

Así, las propias instituciones del estado revictimizan a los afectados -familiares y amistades- en su búsqueda de desaparecidos, pues además las capacidades son insuficientes: falta personal y equipo.

“En general hace falta una política integral para aclarar los crímenes, traer justicia a las víctimas y garantizar, con ello, que los casos no se repitan”, apunta la investigadora.

Las consecuencias de la actual política en la convivencia social de los mexicanos son apenas previsibles, anticipa Schulz. Como se sabe en el caso de otros países, explica, durará décadas hasta que se puedan trabajar las consecuencias de las desapariciones; superar el trauma que traen consigo y volver a lograr una cohesión social. “Condición para lograr eso será una política nacional activa que apunte al esclarecimiento de los casos y a su reparación”.

Pero lejos de eso, lo que en la actualidad se establece en el país -continúa el análisis crítico de la investigadora alemana- es una política de criminalización de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que los acompañan.

Y, a manera de conclusión, advierte:

“Entre más el gobierno y las instancias estatales practiquen la desaparición forzada o la permitan y al mismo tiempo estigmaticen a los actores de la sociedad civil e impidan con ello el ejercicio legítimo y legal de tareas por los derechos humanos, mayor será la polarización y división de la sociedad mexicana.

“Hoy más que nunca resulta de gran importancia para la sociedad civil mexicana el acompañamiento y solidaridad internacional. Y es altamente necesario para plantar la cara a la represión del Estado y para reforzar, al mismo tiempo, su margen de maniobra político”.

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