Xelhua Montes, Félix

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Salió libre bajo Caución el 08 de agosto de 2014

Libres, los presos de San Bernardino; inocentes en muerte del niño Tehuatlie

Los cuatro campesinos de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, acusados por el gobierno del estado de Puebla por presuntamente incurrir en ocho delitos, entre ellos del homicidio de un niño durante una protesta social, fueron liberados alrededor de las 19:30 horas del penal de San Pedro Cholula, donde estuvieron recluidos desde el pasado 9 de julio.

Conmovidos hasta las lágrimas, familiares y amigos recibieron a Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo, quienes evitaron dar una declaración a los reporteros que presenciaron el hecho.

Con el rostro tapado, los cuatro corrieron sobre la calle Miguel Hidalgo al salir del centro de reclusión, para subirse a una pick up blanca que presuntamente era del presidente municipal de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista. Este episodio duró menos de un minuto.

Al mediodía el abogado Raúl Rodríguez de la Fuente dio a conocer que la liberación de los cuatro pobladores de San Bernardino Chalchihuapan se dio luego de pagar una fianza de 7 mil pesos cada uno por el delito de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte.

Informó que el resto de los delitos fueron desechados debido a que el peritaje en cronometría reveló que los campesinos fueron detenidos media hora antes del enfrentamiento con la Policía Estatal.

Alegó que la libertad bajo caución se logró por el mero trabajo jurídico y no por negociaciones con el mandatario Rafael Moreno Valle, como se consignó en algunos medios de comunicación.

La semana pasada el gobierno de Moreno Valle filtró a algunos medios de comunicación fotografías de una reunión entre el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, con dirigentes del Movimiento Nacional Los de Abajo, entre los que se encontraba la diputada federal Roxana Luna Porquillo.

No obstante, el litigante arguyó que la salida de los pobladores se logró conforme a la ley y al oficio de un equipo de abogados.

Rodríguez de la Fuente recalcó que los peritajes confirmaron que los inculpados no participaron en los hechos violentos y por lo tanto los cargos penales fueron retirados.

“Por eso el gobierno se desistió de la acusación de la tentativa de homicidio porque no hubo pruebas”, precisó.

También dijo que se desechó la acusación que en un inicio fue tentativa de homicidio por el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien falleció 10 días después de la reyerta entre pobladores de Chalchihuapan y la Policía Estatal, tras recibir el impacto de una bala de goma que le perforó el cráneo.

Con la muerte del menor explicó que la situación legal de los inculpados cambió a presuntos homicidas, pero finalmente la acusación no se les pudo comprobar.

Durante la entrevista, acusó de prácticas dilatorias al juez de lo Penal de Cholula, Alejandro León Flores, en el proceso 319/2014 que se siguió a los campesinos de Chalchihuapan, pues debieron salir en libertad el pasado martes.

Juez dicta fianza en 7 mil pesos

Por la tarde, el Poder Judicial del Estado informó, a través del Juzgado Penal de Cholula, que se decretó la libertad por desvanecimiento de datos, promovido por el equipo jurídico que encabezó el abogado Raúl Rodríguez de la Fuente, a favor de los cuatro detenidos de Chalchihuapan.

En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) intentó adjudicarse la liberación de los pobladores al asegurar que fue por voluntad y buena fe de esta dependencia que se retiraron los cargos en contra de los inculpados.

El juez Alejandro León Flores, quien se reservó el derecho de declarar, resolvió que los datos que sirvieron para emitir los autos de formal prisión por los delitos de motín, desobediencia y resistencia de particulares, delitos cometidos contra funcionarios públicos, privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso quedaron desvanecidos.

Por lo anterior, y ante la solicitud expresa del abogado de los inculpados ante el juez, se fijó la libertad bajo caución por un monto de 7 mil pesos para cada uno de los cuatro detenidos.

Detenido “solo por pasar junto a la protesta”

Un día antes, Santiago Pérez Tamayo, de 75 años de edad, declaró con la voz quebrada las irregularidades cometidas durante su detención.

Pérez Tamayo es uno de los tres ancianos que fueron aprehendidos durante el bloqueo carretero a la autopista Siglo XXI, “sólo por pasar junto a la protesta”.

Delgado y con el rostro cansado, el septuagenario relató que fue detenido por la Policía Estatal cuando iba pasando el puente para tomar un camión de regreso a Veracruz, estado en donde radica desde hace 52 años.

Explicó que en el momento preciso en que atravesó la vialidad, que divide a los pueblos de Santa Isabel Cholula con Chalchihuapan, se sostenía un enfrentamiento entre pobladores de la segunda localidad y la Policía Estatal.

Entre la confusión dijo que los uniformados lo aprehendieron y lo esposaron junto a otros tres vecinos de la junta auxiliar, a quienes conoció en reclusión.

“Vine a Chalchihuapan a visitar a mi hija Cecilia Pérez Montes, y fui detenido por los granaderos cuando me regresaba a Veracruz. No puse resistencia, pues sabía que no tenía la culpa de nada”, confesó tras las rejas durante la notificación del juez del desvanecimiento de datos.

Comentó que ese día no había transporte público en la comunidad, por eso decidió caminar hasta la carretera federal a Atlixco para buscar un camión que lo llevara a la ciudad de Puebla, y luego al estado donde radica.

“En Veracruz estamos acostumbrados a los retenes de la Policía por el movimiento de los zetas y me confié”, dijo.

A pesar de su avanzada edad, confirmó que la autoridad no le ofreció arraigo domiciliario, pues cumplió 75 años de edad el pasado 25 de julio, dentro del penal de Cholula.

Al último, Santiago Pérez denunció que durante el encierro no fueron hostigados, pero sí amenazados en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado, donde los agentes le exigieron que tenía que firmar una declaración donde admitía que participó en el enfrentamiento o se lo llevaría la chingada.

En menos de medio año la administración de Rafael Moreno Valle Rosas encarceló a 37 pobladores por criticar las deficiencias a su gobierno, que en número representa mil 110 años de cárcel para sus opositores, según los delitos imputados que obran en procesos penales y averiguaciones previas del Ministerio Público.

En la lista de los detenidos se encuentran amas de casa, campesinos, ejidatarios, mototaxistas, alcaldes de juntas auxiliares, comisariados ejidales, defensores de derechos humanos, luchadores sociales, opositores al gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM) y pobladores que rechazaron el sistema de transporte público metrobús.

La mayoría de los presuntos inculpados está recluida en los penales regionales de Atlixco, San Pedro Cholula y “San Miguel”, sin que exista una defensa legal real para que recuperen su libertad.

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