Marchan 2 mil poblanos al DF para exigir el cese de la criminalización de la lucha social en Puebla

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%


Ante la incapacidad del gobierno por solucionar sus demandas, este martes partió una caravana de unos 2 mil poblanos a la ciudad de México para exigir el cese de la criminalización de la lucha social en el estado Puebla e inmediata libertad a los presos ambientalistas Enedina Rosas Vélez, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, quienes se encuentran recluidos por oponerse a la construcción del gasoducto Morelos y el Arco Poniente.

En la Marcha por la Defensa de los Derechos Humanos y Sociales participó el Movimiento Nacional “Los de Abajo”; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos–Puebla–Tlaxcala; el Frente de Campesinos, Ejidatarios y Pequeños Propietarios de San Martín Texmelucan y la Sierra Nevada; el Movimiento Nacional por la Esperanza, así como familiares de los presos ambientalistas, mototaxistas y labriegos de comunidades rurales de las faldas del volcán Popocatépetl.

A temprana hora, el contingente partió de las casetas de peaje del municipio de San Martín Texmelucan y tuvo como primer punto de llegada el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde efectuaron un mitin al mediodía.

Esto con el fin de respaldar a la diputada federal Roxana Luna Porquillo, quien en ese momento presentó un punto de acuerdo para la creación de una comisión que dé seguimiento y esclarezca la presunta violación de diversos derechos humanos cometida por el gobierno del estado de Puebla contra activistas, campesinos, académicos y sindicalistas.

La legisladora precisó que el gobierno morenovallista ha emprendido una persecución contra investigadores universitarios, como es el caso del doctor Ricardo Pérez Avilés, de la Universidad Autónoma de Puebla, quien fue amagado con arma de fuego junto a su familia por asesorar a campesinos de la región de los volcanes que se verán afectados por el paso del gasoducto Morelos.

Explicó que el gasoducto pasará a sólo 31 kilómetros de distancia del Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl, y estudios del área de Geofísica de la UNAM y del Centro Universitario de Prevención de Desastres de la UAP alertan de la existencia de riesgos eruptivo, por lo cual piedras incandescentes o el derrame de lava volcánica tocarían los ductos, provocando una catástrofe.

En la máxima tribuna, Luna Porquillo exhortó al mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, para que instale mesas de diálogo en donde se consulte a las comunidades indígenas, campesinas y al sector académico, sobre la viabilidad social, cultural y ecológica de los megaproyectos que el gobierno a su cargo pretende realizar para la explotación minera en la Sierra Norte, la construcción de la autopista del Arco Poniente y la construcción del gasoducto del llamado Proyecto Integral Morelos.

Además, exigió al procurador de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget, el cese de la persecución y encarcelamiento arbitrario en contra de opositores de dichos proyectos, y se transparenten los procesos jurídicos seguidos a los activistas sociales Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón.

Luna Porquillo argumentó que en la entidad poblana diversos sectores sociales se han manifestado para reclamar su derecho a una vida digna y el pleno respeto a sus derechos fundamentales, debido a las afectaciones que activistas, líderes campesinos y miembros de la comunidad académica han denunciado, ante el altísimo riesgo ambiental generado por megaproyectos del gobierno.

Sin embargo, dijo, “el reclamo legítimo y la manifestación de las ideas en Puebla, sufren al día de hoy una de las crisis más profundas y el riesgo es ser encarcelado”.

Señaló que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ha decidido hacer uso de las instituciones de procuración de justicia del estado, para perseguir y reprimir de forma sistemática a dirigentes y activistas sociales que se opongan a la construcción de obras y proyectos gubernamentales sin la oportunidad del diálogo y la conciliación.

La diputada informó que abona al descontento social en el estado, la reciente privatización del agua en Puebla que concesiona a empresas privadas la operación de los 25 Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP), y que hasta antes de la entrada en vigor del mismo eran manejados por los ayuntamientos.

También hizo público que tan sólo para el estado de Puebla, el gobierno federal liberó 90 concesiones mineras y ocho hidroeléctricas en la Sierra Norte y la Mixteca, que ponen en grave riesgo las condiciones ambientales de la región.

El punto de acuerdo fue respaldado por integrantes de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, partido político que también llevó al triunfo a Moreno Valle en el estado de Puebla, a través de una coalición.

Al término de la participación de la legisladora, el contingente de poblanos, a bordo de camiones y autos particulares, prosiguió su ruta a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, en la avenida Bucareli, donde se reunieron con representantes del gobierno federal, a quienes pidieron cumplimiento a los acuerdos pactados el 25 de junio pasado.

El pliego petitorio firmado con el gobierno federal comprende la instalación de mesas de diálogo para la cancelación del Arco Poniente y el gasoducto Morelos, la legalización del servicio de mototaxis en el estado, solución al tema de los defraudados por las empresas Sitma e Invergroup, y la restitución de 480 hectáreas de bosque a la comunidad de San Lucas Atzala, que está en manos de particulares, pese a que pertenece al área protegida del volcán Popocatépetl.

Por la tarde, la marcha continúo su periplo a las instancias del Tribunal Permanente de los Pueblos, donde depositaron un expediente sobre el caso en Puebla; y finalmente concluyeron en las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde interpusieron una queja colectiva contra las violaciones a las garantías por parte del gobierno morenovallista.

Está vigente la amenaza de aprehensión contra luchadores sociales

Hilario Alonso, miembro del Movimiento Nacional de “Los de Abajo”, denunció que en Puebla se han girado órdenes de aprehensión en contra los ciudadanos: Ignacio Carrillo, Carlos Ocelotl, Carlos Linares Huinatl, Tomás Linares, Fortino Pérez y Avelino Velázquez Tapia.

No obstante, dijo que sigue vigente la amenaza de expedir otras órdenes de aprehensión contra 150 personas, cuyo nombre se desconoce aún pero que se puede activar en cualquier momento, ya que se encuentra abierta la averiguación previa 430/2013/DMZS/Atlixco, con la que fue encarcelado el líder campesino Abraham Cordero Calderón.

El dirigente expuso que esta información incluso fue confirmada por el mismo secretario de Gobierno del estado de Puebla, Luis Maldonado Venegas.

Por lo anterior, concluyó, en Puebla es necesario informar, consultar, tomar en cuenta a las comunidades y frenar inmediatamente la represión contra luchadores sociales, trabajadores, campesinos y académicos.

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