7 de cada 10 cree que en México hay violaciones a los derechos humanos

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Para la opinión pública mexicana, el fenómeno de la violación a los derechos humanos es algo que ocurre en el país. Más de la mitad de la población considera que en el país existen casos de: privación de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y cateos ilegales.

El pasado 02 de mayo de 2014, Juan E. Méndez, quien fungió como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, señaló —después de visitar distintas entidades federativas del país donde se entrevistó con autoridades, sociedad civil y víctimas— que en México persiste una situación generalizada del uso de la tortura y malos tratos.

Para la opinión pública mexicana, el fenómeno de la violación a los derechos humanos es algo que ocurre en el país, de acuerdo con la más reciente encuesta en vivienda realizada por Parametría, más de la mitad de la población considera que en el país existen casos de: privación de la vida (73 %), detenciones arbitrarias (72 %), desapariciones forzadas (69 %), tortura (68 %) y cateos ilegales (59 %).

El diagnóstico incluye señalamientos respecto a la militariazación de varias regiones del país, la legislación en materia de tortura que aún es incipiente y no cumple con los estándares de los tratados internacionales, la no uniformidad en la definición del delito de tortura en los estados y otros retos que tiene México en la materia.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tan solo de enero a abril de 2014 se registraron siete quejas por privación de la vida, dos desapariciones forzadas, una denuncia de tortura y 263 por trato cruel, inhumano o degradante. Los entrevistados tuvieron diferentes opiniones sobre si estos delitos ocurrían con mayor frecuencia antes o ahora.

El 40 % considera que ahora son más comunes los cateos ilegales al igual que 39 % que dijo que las desapariciones forzadas se veían más actualmente. Casi la mitad de la población (48 %), dijo que el delito de la privación de la vida se presenta con la misma frecuencia y cuatro de cada diez señalaron que la tortura y las desapariciones arbitrarias también ocurrían con igual frecuencia.

Debemos destacar que los mexicanos no justifican las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno, no importa la circunstancia que se presente. El 87 % dijo que aun cuando existan muchas protestas sociales no se justifica que el gobierno viole las garantías de los ciudadanos, tampoco lo permiten en caso de guerra (77 %) o cuando hay inestabilidad política (82 %). Únicamente 20 % dijo que el gobierno debe incurrir en estas violaciones cuando hay mucha delincuencia o violencia.

De acuerdo con distintas organizaciones nacionales e internacionales, el uso de la tortura y malos tratos en México se da en mayor medida en la etapa posterior a la privación de la libertad del individuo y antes de la puesta a disposición de la justicia.

Ésta práctica es común en el país ya que se tiende a recurrir primero a la detención de la persona y luego a investigar los posibles delitos y a consignarlo ante la justicia, lo que pone a los ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad.

Al respecto, el 62 por ciento de los entrevistados considera que el estado mexicano, no está haciendo lo necesario para evitar que las personas que son detenidas por las autoridades sean torturadas. Únicamente tres de cada diez ven un estado activo combatiendo la tortura en las detenciones. Algunos casos sobre tortura han sido documentados por Amnistía Internacional en el reporte titulado Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas publicado en el año de 2012.

Los mexicanos perciben que la violación a los derechos humanos en el país es un evento que ocurre de manera cotidiana, la privación de la vida, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y cateos ilegales son algunos delitos que son visibles para la población. Estos eventos tienen al menos dos implicaciones negativas para todos, una es la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades y en el estado de derecho y la segunda es la inhibición de la posible participación de los ciudadanos en los procesos de administración y procuración de justicia, tal es el caso de las denuncias de estas violaciones.

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