GDF y Tribunal Superior de Justicia criminalizan la protesta, señalan

, por  Comité Cerezo México , popularidad : 1%

Señor director, agradecemos la publicación de la presente carta, dirigida a la opinión pública.

Los hechos acontecidos el 1 de diciembre de 2012 se convirtieron en una persecución contra los manifestantes. Lamentablemente se tomó una decisión política: la de detener a quien fuera, aun sin haber participado en aquellos hechos. Dicha situación ha quedado comprobada por las múltiples libertades otorgadas a varias personas detenidas y consignadas arbitrariamente, sin que se hubiese demostrado que hubieran estado en los momentos que refieren los policías aprehensores y que fueron motivo de la acusación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Un caso concreto es el de Alejandro Lugo Morán, a quien confundieron con una persona que ni siquiera se parece a él, además de que se demostró que lo detuvieron en un lugar distinto al que dijeron los policías. La acusación ministerial resultó insuficiente para sancionarlo, como dolosamente se pretendió, pero se le sigue victimizando, ya que su absolución fue apelada por la PGJDF.

A estos hechos siguieron varios acontecimientos, entre ellos el caso que nos ocupa, referente a los detenidos de la marcha del 2 de octubre de 2013, a quienes se les imputan los delitos de ataques a la paz pública (agravado con pandilla), ultrajes a la autoridad (policías) y, en un caso, hasta de homicidio en grado de tentativa. Cabe hacer mención que las detenciones se realizaron bajo la misma mecánica antes señalada: los policías aprehendieron de manera indiscriminada y luego los ministerios públicos consignaron sin motivo ni fundamento, sólo por el hecho de que las personas se encontraban en el momento en que se suscitaron los actos de violencia. Así, a las personas detenidas arbitrariamente se les hacen imputaciones para someterlos a proceso, víctimas de una lamentable y obvia indicación de detener a quien sea y crear culpables. Al respecto, el licenciado Ramón Ramos Becerril, uno de los defensores de los jóvenes detenidos, ha detectado acciones irregulares cometidas durante el proceso. De entrada, las autoridades no han demostrado participación alguna de los jóvenes en los hechos que se señalan en la acusación ministerial; además, están aplicando criterios anteriores a la reforma al artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, pues se pretenden imponer penas mayores a las que corresponderían y se pretende establecer que los hechos fueron cometidos “en pandilla”. La “coordinación” para tales hechos es evidente entre la PGJDF y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), a través de los jueces que han conocido de estos hechos. Al actuar bajo estos criterios, están calificando dos veces la misma conducta (lo que está prohibido por la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), con la intención de que los muchachos sometidos a proceso no alcancen el beneficio de la libertad provisional. También para que, en caso de que los jóvenes sean condenados, no tengan derecho a sustitutivos ni beneficios penales, esto con independencia de que ni siquiera está acreditada responsabilidad alguna.

El problema es que no se ha sentado un precedente legal definitivo o de una autoridad de amparo. Lo anterior está permitiendo que las autoridades locales manipulen la ley, en una actitud de criminalización política. Tenemos la certeza de que si se aplica correctamente la ley y los jueces no actúan por consigna, los jóvenes serán absueltos.

Asimismo, Ramón Ramos Becerril, también abogado de Luis Fernando Bárcenas Castillo, acusado de la quema del árbol de navidad de la Coca-Cola el 13 de diciembre de 2013, ha señalado que, por lo que hace a este chico, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo, las autoridades fueron “más allá” y no sólo le imputan ataques a la paz pública, sino que le imputan haber cometido el delito de “asociación delictuosa”. Se ha apelado para que se rechace la configuración de la asociación delictuosa, pero, en caso de ratificarse tal criterio por demás político, se solicitará la protección de la justicia federal.

Las autoridades del Distrito Federal manipulan la ley y la “aplican” de manera inexacta, con la simple intención de reprimir y de dar un mensaje a la sociedad para que no proteste ni se manifieste. En estos dos asuntos, es clara la intención de castigar por motivos políticos.

México, Distrito Federal, 13 de febrero de 2014.

Atentamente,

Georgina Calixto Viqueraz, mamá de Victor Efrén Espino Calixto; Flor Gutiérrez Miguel, hermana de Adrián Gutiérrez Miguel; María Eugenia Cruz León; Ana María Castillo Rivas, mamá de Luis Fernando Bárcenas Castillo; Olivia Castillo Rivas, tía de Luis Fernando Bárcenas Castillo; Olivia Castillo Rivas, tía de Luis Fernando Bárcenas Castillo; Genoveva Cruz León, mamá de José Daniel Palacios Cruz; licenciado Ramón Ramos Becerril; abogado Javier Hernández García

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