Soto Ramírez, Santos

Salió libre el 04 de diciembre del 2006

• Libre Santos Soto, lo ampara la justicia federal. Al Calor Político, diciembre de 2006. Foto y nota de Norma Trujillo Báez.

Detención: 11/agosto/1995 en la comunidad de Chapopote Chico, Municipio de Chalma, Veracruz.

Caso Aceptado por la CIDH

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Caso Santos Soto

(diario Política, Xalapa, Ver., 22 de marzo de 2006)

Regina Martínez.- Después de once años de prisión, el indígena otomí Santos Soto Ramírez, obtuvo el primer amparo de la justicia federal de los cinco casos penales iniciados en su contra desde el gobierno de Patricio Chirinos, "expedientes que están viciados de origen", aseguró la asesora legal de la Comisión para los Derechos Humanos, AC, Ana María Vera.

Desde junio pasado, cuando tomó la defensa de esta persona que ha sido considerada como preso político por diversas organizaciones no gubernamentales, explicó, observó la serie de violaciones jurídicas y de derechos humanos cometidas en el caso de Soto Ramírez, quien fue encarcelado desde 1995, actualmente está en la Fortaleza de Perote.
Al integrante del Frente Democrático Oriental "Emiliano Zapata", organización que tiene presencia en las huastecas de Hidalgo y Veracruz, se le imputaron cinco homicidios, sin embargo, señaló, este asunto no sólo está muy ligado a la violación de los derechos humanos, sino a la aplicación de la justicia cometida desde hace muchos años contra Santos Soto.

Por ejemplo, refirió, en la causa penal 266/95 le imputaron los homicidios de Ramón Hernández Maldonado y Julián Eleuterio Hernández Valdés, en la 56, el de Gladys de los Ángeles Avendaño y los expedientes acumulados 75, 73 y 94 los asesinatos en grado de tentativa de Jorge Zenil, Fernando Hernández y David Hernández.

No obstante, consideró, este asunto tiene origen en los hechos de violación a todos los derechos que enfrentan las comunidades indígenas de la Huasteca veracruzana, caso del que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 1994 emitió la primera recomendación sobre violación a derechos económicos, sociales y de desarrollo humano.

Los procesos penales iniciados contra Soto Ramírez, explicó, está relacionado con los crímenes cometidos en ese año contra dos indígenas de Plan de Encinal, municipio de Ixhuatlán de Madero, quienes no sólo fueron torturados por elementos de seguridad pública estatal que se metieron a la comunidad, sino fueron mutilados y asesinados con el tiro de gracia.

"Todo esto fue resultado del brutal despliegue policiaco a Plan de Encinal, donde atacaron a la comunidad y murieron estas personas, se hablaba de que habían sido mutiladas por las aves, sin embargo, hay fotografías que dicen lo contrario, pues cuando se rescató a uno de los cadáveres que fueron lanzados al río, tenía amarrados los pies", explicó.

Al analizar los expedientes penales de Soto Ramírez, dijo, "creo que el caso de Plan de Encinal tiene íntima vinculación con este caso", ya que el actual procesado, siendo un luchador por los derechos de su pueblo, "presentó un documento en la presidencia de la República donde señalaba que estas muertes no eran producto de un accidente, sino producto de la represión policiaca".
Ahí derivó el encono de las autoridades estatales contra Santos Soto, ya que de todas los indígenas que fueron detenidos en esa época fue la persona a la que más delitos se le imputaron, incluso, "lo hicieron firmar una declaración que es totalmente inverosímil, donde él mismo se está acusando de muchas cuestiones, dando detalles y lo curioso es que lo hacen acusarse como autor intelectual".
Ésa es la única prueba que existe en su contra, sin embargo, explicó, el propio Soto Ramírez dice que le dieron a firmar ese documentos después de haber permanecido cinco días retenido de manera ilegal, "no es una declaración hecha por él mismo, sino que la firmo por todas las presiones que se dan en estos casos".

Ante la serie de vicios detectados en la integración de las averiguaciones previas, señaló, presentó los amparos correspondientes ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Boca del Río, "ganamos dos", uno de ellos, "para efectos de que la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que dictó la sentencia, valorara en forma debida las pruebas".

En este caso, mencionó, se supone que la construcción jurídica de un caso es un indicio y tendría que estar apoyado de otras pruebas, "pero no lo hicieron ya que tomaron como base el supuesto relato de Santos durante su detención, nada más que él no estuvo presente en los hechos, por tanto no pudo haber descrito a detalle los presuntos asesinatos cometidos".

Es decir, se están basando en una supuesta declaración firmada bajo presiones, pero hasta hoy no hay un sólo testigo que lo señale directamente, "si el ordenó los asesinatos y participó en los mismos, pero lo inédito es que encontramos un expediente en el que ya fueron juzgadas otras personas por la muerte de Gladys de los Ángeles Avendaño, donde dan otros datos".

Los asesinos de esta mujer, esposa de uno de los caciques de Ilamatlán, al norte del estado, Luis Mendoza, donde en ese año se registró una balacera contra esa familia, y también murió un trabajador, "situación que concuerda con la declaración de la esposa del muerto, quien dijo que lo habían asesinado por equivocación".

Los mismos responsables de estos hechos, refirió, "declararon que ellos pensaban matar al cacique Luis Mendoza, pero por equivocación mataron a otros, ya que habían recibido órdenes de quienes estaban al frente de su organización", que no era el Fdomez, dijo, además que en ese momento su defendido estaba en un plantón en la Ciudad de México que desde hacía dos años había iniciado este frente.

Ante ello, el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, en noviembre pasado emitió un fallo a favor de Soto Ramírez al absolverlo totalmente de la causa penal 93/94, por el delito de homicidio calificado en agravio de David Hernández, sin embargo, hay pendientes tres expedientes más.

Aunque un amparo le otorgó la libertad, en este momento está en revisión un segundo recurso, relacionado con las personas que declararon ser responsables de la balacera contra la familia de Luis Mendoza, quienes ya fueron sentenciadas, "presentamos un procedimiento poco usual pero contemplado en la ley, para que se declare su inocencia".
El caso de Soto Ramírez, subrayó, sólo es un ejemplo de las deficiencias que enfrenta la impartición de justicia en el estado y el país, los mismos comisionados de la ONU que han revisado causas penales sobre diversos asuntos en México, "han dicho que estamos bastante atrasados en esta materia y lo subrayan cuando hablamos de indígenas, porque ahí se concentran todo tipo de violaciones".

La asesora legal de esta organización no gubernamental, manifestó su confianza en que los tribunales federales pronto declaren la inocencia de Santos Soto, pues en el primer amparo ganado señaló que la manera en que el TSJE resolvió no fue la correcta, "porque era su obligación efectuar el análisis de los elementos materiales que integran los delitos imputados".