Víctimas rechazan “solución amistosa” del Estado mexicano ante la CIDH

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Bárbara Italia compareció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para acusar que el Estado mexicano fue cómplice de la tortura sexual y que no ha tomado acciones concretas para garantizar justicia a las víctimas, acusación que la comitiva oficial no pudo refutar.

Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 14/03/2013

Luego de que Bárbara Italia Méndez relató cómo fue detenida y torturada sexualmente junto con otras 26 mujeres, durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, el gobierno mexicano sólo ofreció reparar el daño mediante una “solución amistosa” que fue rechazada por las víctimas.

Bárbara Italia compareció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para acusar que el Estado mexicano fue cómplice de la tortura sexual y que no ha tomado acciones concretas para garantizar justicia a las víctimas, acusación que la comitiva oficial no pudo refutar.

Mientras la audiencia se celebraba en la sede de la CIDH, en la capital mexicana Patricia Torres, Georgina Edith Rosales, Norma Aidé Jiménez y Mariana Selvas, sobrevivientes de la violencia en Atenco, se reunieron para escuchar lo que sucedía en la comparecencia.

Reunidas en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –organización que litiga el caso junto con el Centro por la justicia y el Derecho Internacional (Cejil)–, las mujeres no dieron crédito ante el intento del Estado mexicano por dar carpetazo a los abusos cometidos en la localidad mexiquense.

A Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Juan Manuel Gómez-Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no les quedo más que pedir disculpas.

“ME IBAN A ASESINAR”

Cimacnoticias siguió la transmisión de la audiencia vía internet. Pasadas las 10:00 horas (tiempo de Washington) –8 de la mañana en la Ciudad de México–, Bárbara Italia fue la primera en tomar la palabra.

Tranquila y sin titubeos relató lo que vivió durante los operativos policiacos en Atenco cuando, como activista social, acudió el 4 de mayo de 2006 al lugar para documentar lo que sucedía y recabar información del asesinato del niño de 14 años Francisco Javier Cortez Santiago, ultimado un día antes presuntamente por elementos de seguridad.

“Por la mañana comenzaron a escuchar helicópteros; yo comencé a escuchar muchos golpes de puertas, pensaba que alguien estaba marchando, ruido de toletes golpeando algo. Yo escuchaba sonidos muy estruendosos. Posteriormente comenzaron a golpear la puerta de donde yo me encontraba…”, narró.

Ella, al igual que otras mujeres, fue detenida de forma arbitraria cuando decenas de policías entraron en la casa donde se encontraba y la sacaron por la fuerza, de ahí fue trasladada al Ministerio Público. En el trayecto fue golpeada y torturada sexualmente.

“Cuando me suben al vehículo en el que me trasladaría ahí comienza el infierno para mí. Soy subida al autobús donde hay un olor a sangre muy penetrante y hay una pila de personas recostadas en el suelo del autobús…”.

Prosiguió: “Ellos comenzaron a decir frases obscenas sobre mi cuerpo, sobre mi condición de mujer. Me dijeron que eso me estaba ocurriendo porque yo no me había quedado en mi casa a cuidar a mis hijos. Yo tenía mucho miedo. Ellos me repetían que me iban a asesinar, que me matarían”.

Con la voz entrecortada agregó: “Yo escuchaba cómo otras mujeres estaban pasando por lo que yo estaba pasando… Fue realmente espantoso; no sé cuánto tiempo habrá durado… Yo todo el tiempo creí que nos asesinarían… Estaban jugando con nuestra mente. Nos estaban haciendo mucho daño”.

HAY DISCULPAS, PERO SIN JUSTICIA

Tras el relato de Italia, que dejó sin preguntas a los representantes del Estado mexicano, Juan Manuel Gómez-Robledo dijo que se ha dado atención al tema y que se continuarán desplegando acciones para garantizar la reparación integral y la justicia para las 11 víctimas de tortura sexual.

Lía Limón indicó que el Estado mexicano deseaba manifestar su “profunda solidaridad” con las peticionarias y reconocer las violaciones cometidas, las cuales ameritan –sostuvo– una reparación integral, así como una disculpa por el “exceso de las fuerzas del orden”.

Luego –al omitir que Enrique Peña Nieto avaló esos operativos como gobernador del Estado de México– la funcionaria se refirió a la agenda del Ejecutivo y a las bondades de la Ley General de Victimas, del nuevo sistema penal acusatorio y del nuevo plan de Derechos Humanos (DH).

La subsecretaria de Gobernación explicó que este caso fue conocido en su momento por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancias que emitieron informes en los que concluyeron que los elementos policiales cometieron violaciones graves.

Pero Lía Limón no perdió oportunidad en decir que la SCJN determinó que los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 no fueron parte de una estrategia de Estado, ni obedecieron a órdenes de autoridades superiores contra las y los manifestantes.

Remató su discurso diciendo que el gobierno federal está trabajando para fortalecer el marco jurídico y una ley para atender los criterios para “el uso legítimo de la fuerza pública”.

Al final dijo que el gobierno mexicano tiene la voluntad de resolver este asunto con una “solución amistosa”, es decir pactar un acuerdo entre las víctimas y el Estado mexicano para no continuar con el litigo internacional, algo que el subsecretario Gómez-Robledo calificó como la “forma idónea” de reconocimiento frente a las víctimas.

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

Mientras eso sucedía en Washington, las mujeres reunidas en la capital del país no daban crédito a las pretensiones del Estado mexicano, quien les ofrecía una “solución amistosa” y el compromiso de “caminar juntos” en las investigaciones, así como apoyo psicológico, educativo y de vivienda.

Esto siempre y cuando las denunciantes de tortura sexual se desistieran de su demanda ante la CIDH, la cual de continuar podría pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos facultado para sentenciar a México por su responsabilidad en este caso, como ya ocurrió anteriormente por el feminicidio en Ciudad Juárez y las violaciones sexuales contra las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Norma Aidé Jiménez criticó la actitud de los funcionarios mexicanos y afirmó que esta muestra de “voluntad” se da cada vez que una denuncia tiene eco a nivel internacional.

“Si ellos tuvieran la disposición de querer investigar lo hubieran hecho desde el principio. Fuimos más de 200 personas detenidas y torturadas; esto no tiene que ver sólo con esta denuncia… ellos tenían la obligación como Estado de investigarlo, no esperar a que nosotros hiciéramos la denuncia”.

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, cerca de 2 mil 500 policías municipales, estatales y federales participaron en los operativos para “reestablecer el orden” en Atenco, luego de que unos floricultores se negaron a ser desalojados del lugar donde vendían sus productos. Hasta ahora sólo dos policías han sido detenidos por las violaciones sexuales denunciadas.

Sobre el reconocimiento del exceso en el uso de la fuerza, Norma Aidé Jiménez acotó que “es absurdo hablar de excesos; si estás en un operativo tan inmenso, con tantos policías, no son dos, no son tres policías; todas fuimos cubiertas del rostro y quienes lograron identificar a sus agresores fueron re-victimizadas”.

“No nos pueden venir a decir, después de más seis años de lucha, que con una disculpa nos van a resarcir el daño, nosotros esperamos más”, advirtió.

Ante el rechazo de la “solución amistosa”, la CIDH tendrá que emitir un informe sobre las presuntas violaciones cometidas por el Estado mexicano, y eventualmente enviar el caso a la CoIDH para que emita una posible sentencia.

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