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Detenido en 1995

Yáñez Muñoz, Fernando

LIBRE

Lunes 21 de octubre de 1996, por Comité Cerezo México 2

Detenido el 21 de octubre y puesto en libertad por sobreseimiento del caso el 26 de octubre de 1995. Fuente: Centro Prodh

Los hechos: "un ejemplo más de cómo se fabrica un delito sobre la marcha".

El sábado 21 de octubre Fernando Yáñez viajaba a bordo de un vehículo en compañía de dos amigos suyos, Laura Natalia García Hernández y su hermano Fernando Abraham García Hernández. Hacia las 19:30 horas fueron interceptados por cerca de 6 vehículos, de los que descendieron unas 40 personas vestidas de civil.

A Fernando y sus acompañantes nunca se les mostró una orden de aprehensión, fueron golpeados, encapuchados y conducidos con los ojos vendados, según la versión de Laura Natalia García Hernández, la manosearon y esposaron antes de llevarlos a un lugar abierto donde se escuchaba mucho ruido, risas y música. Más tarde, los condujeron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde fueron interrogados completamente desnudos, les tomaron fotos y sus huellas dactilares. Allí mismo escucharon que se les acusaba de habérseles encontrado una AK y una Browning nueve milímetros. Al ser presentados en la Procuraduría Laura Natalia alcanzó a oír a uno de los agentes que decía "vamos a ponerles polvo, aunque sea talco".

El domingo 22 permanecieron todo el día en la Procuraduría General de la República, a donde fueron remitidos, y el lunes por la mañana el Ministerio Público Federal decide poner en libertad a Laura y su hermano. En cambio Fernando Yáñez fue puesto a disposición del juez 7o. De Distrito en materia penal ubicado en el reclusorio oriente. Fernando se negó a rendir su declaración preparatoria por no haber un abogado de su confianza.

El lunes 23 se da a conocer públicamente la detención de Fernando Yáñez. La diputada federal Rosario Ibarra de Piedra se presentó en la PGR para solicitar información acerca del detenido, se le dijo que fue detenido por portación de armas prohibidas y por delitos contra la salud. La señora Piedra señaló al Procurador Lozano Gracia: "Pero cómo cree que alguien va a creer semejante patraña, que una persona como Yáñez, que fue acusado en público por el propio doctor Zedillo, que además, tiene el gravísimo antecedente de la desaparición de su hermano César (en Ocosingo 1974), que es hostigado y perseguido, fue capturado por llevar droga? Eso no se lo va a creer ni un niño de pecho"

Esa tarde, la PGR, por medio de un comunicado de prensa donde se le identifica como el presunto comandante "Germán" del EZLN, se le atribuyen los delitos de portación de arma de uso exclusivo del ejército y cerca de 80 cartuchos útiles, en el mismo comunicado se niega que la detención esté motivada por su relación con el EZLN y se omiten los cargos de delitos contra la salud.

El PRODH asume la defensa a petición expresa de Yáñez.

El martes 24, se declara la alerta roja en Chiapas, maniobras pre bélicas por parte del EZLN. Enrique Flota y Pilar Noriega, abogados del PRODH, defensores de Fernando Yáñez, aún no son reconocidos por el juez y se les niega el acceso al expediente, dejando al detenido en completa indefensión.

Enrique Flota acusa a la Procuraduría General de la República de violar abiertamente la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz en Chiapas. El funcionario de la Procuraduría del D.F. Alfonso Nieto Garduño niega que en la detención hayan participado miembros de esa dependencia.

El miércoles 25, después de remontar obstáculos burocráticos y grandes dilaciones, los abogados del PRODH Pilar Noriega, Digna Ochoa, José Lavanderos y Lamberto González Ruíz, obtienen el nombramiento como defensores legales de Fernando Yáñez. La Procuraduría del D.F. se contradice y admite que sí intervino en la detención. Se presenta una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien tiene competencia por estar involucradas autoridades del fuero federal.

El jueves 26, por la mañana, le dictan auto de formal prisión sin derecho a fianza por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército, la defensa lo apela por la evidencia de violaciones a las garantías procesales. Por la tarde, sale libre Fernando Yáñez Muñoz por el sobreseimiento del caso.

Ese jueves 26 de octubre, fue jueves trágico: La Bolsa llegó a perder 3.88% durante la jornada; el peso se devaluó en 7%, más de un 50% acumulado en ese año; el dólar llegó al mayoreo (compra de más de 10 mil) a 7.23, 44 cts., se cotizó a 7.50 en la frontera y se vendió a más de 8 nuevos pesos en casas de cambio. Se recrudeció la incertidumbre sobre la prometida reactivación económica. Rumores, versiones contradictorias, reuniones de emergencia a puerta cerrada al más alto nivel y declaraciones públicas "tranquilizadoras". De nuevo la inestabilidad y el nerviosismo en la peor crisis económica del país.

El detonador de este nuevo quiebre financiero dentro de la administración de Ernesto Zedillo fue la alerta roja -que incluye preparativos pre bélicos- declarada, ese jueves 26, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, luego de conocerse la detención de Fernando Yáñez Muñoz, el presunto Comandante Germán.

Más allá de las graves consecuencias políticas y económicas que esta detención provocó, el Centro PRODH llamó la atención sobre la fragilidad manifiesta del marco jurídico y de las garantías individuales de los mexicanos.

En esta aprehensión fue patente la desaparición absoluta del marco legal que nos rige. La manera como se planeó, se ejecutó, se procesó y se resolvió el caso, sumadas las reacciones de las diversas autoridades involucradas, sólo revelan resquebrajamiento de la constitucionalidad.

Antecedentes.

El día 9 de febrero del presente año, el Presidente la República anunció públicamente que se emitían órdenes de aprehensión en contra de cinco personas, las que presuntamente se les acusa de ser dirigentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre las cinco personas se mencionó a Fernando Yáñez Muñoz, a quien el gobierno mexicano acusa de ser el comandante Germán cabeza principal del EZLN

En marzo, el Congreso de la Unión emitió la "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas". Esta ley señalaba que, en tanto se desarrolle el diálogo y la negociación, el gobierno garantizaría el libre tránsito de los negociadores asegurando que no fueran molestados por ninguna autoridad federal.

Esta detención se realizó mientras en Chiapas se desarrollaban las pláticas entre el gobierno y el EZLN, y sus respectivos asesores.

Las irregularidades

* Había vigilancia previa y seguimiento de Fernando Yáñez, prohibida por la ley para el diálogo en Chiapas
* Yáñez es detenido en sábado y fue presentado hasta el lunes, sin que se identifiquen plenamente los lugares donde se le mantuvo todo ese tiempo, durante el cual fue sometido a interrogatorios, con los ojos vendados y bajo presiones de desconocidos.
* La Policía Judicial del Distrito Federal (PJDF) y la Procuraduría General de la República (PGR) niegan haber tenido participación alguna en la detención (aunque después lo acepte la PJDF)
* Es muy probable que Yáñez haya sido trasladado a una instalación militar e interrogado por militares
* En ningún momento se presentaron elementos de prueba que acreditasen que él llevara armas consigo, ni fotos, ni huellas, nada, ni siquiera se presentaron las supuestas armas.
* Se le detuvo supuestamente en un operativo para detectar autos robados, sin embargo, se dejó en libertad a sus acompañantes, siendo uno de ellos el propietario del vehículo.
* El gramo de cocaína que supuestamente traía consigo aparece y desaparece en los informes, a discreción.
* Si estaba bien fundado el auto de formal prisión, no procedía el sobreseimiento
* Si estaba bien fundado el sobreseimiento, no procedía el auto de formal prisión

Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (según la versión oficial) detuvieron a Fernando Yáñez y la Procuraduría General de la República lo consignó. Ambas dependencias cumplieron su respectiva función recurriendo a un artificio, es decir, fabricaron un delito para no caer en la violación flagrante de la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz Digna en Chiapas. No pudieron nunca probar su acusación y el absurdo y la contradicción de sus argumentos hicieron patente el artificio. Ante el escándalo político (alerta roja en Chiapas, amenaza de salida del senador Heberto Castillo miembro de la Comisión para la Concordia y Pacificación (COCOPA), la denuncia de violaciones a derechos humanos) y el consecuente quiebre financiero, la PGR solicitó el sobreseimiento de la causa penal. El resquicio que les permitió esta intervención fue la aceptación del acusado de haber sido nombrado por Zedillo (en febrero) como presunto zapatista y concluir, por ello, que la Ley del Diálogo lo amparaba.

El juez aceptó las acusaciones de la PGR y dictó al detenido auto de formal prisión. No pasaron 24 horas y el mismo juez admitió la petición de sobreseimiento y Fernando Yáñez quedó libre.

Funcionarios de la Procuraduría del D.F. (PGJDF) negaron tener que ver en la detención; el procurador general de la República hizo lo mismo; al final, la PGJDF tuvo que asumir el papel de responsable. Nadie sabía de la detención, el Poder Judicial dio la impresión de actuar bajo consigna del Poder Ejecutivo. ’’Quién detuvo a Fernando Yáñez? ’’Quién planeó el operativo en la oscuridad? ’’Con qué sustento, si es claro que no fue el constitucional, se le detuvo y consignó? ’’Qué intereses se impusieron a la institucionalidad estatal? Si lo que sucedió con Fernando Yáñez, el supuesto comandante Germán, fue obra de la coordinación de seguridad nacional en el país -grupos de élite, coordinados por encima de las instituciones- o con grupos al interior del sistema que buscan la desestabilización, los ciudadanos quedamos a merced de tales objetivos de poder particulares, en la plena indefensión jurídica, en la plena inseguridad. Si fueron decisiones políticas las que decidieron una aprehensión como la de Fernando Yáñez, y posteriormente su liberación, ’’dónde quedan las garantías ciudadanas, los derechos humanos, el marco legal? En este caso, los derechos humanos resultaron prescindibles, anulables. Esto es lo más grave.

Todos los indicios llevan a concluir que la detención de Fernando Yáñez Muñoz, identificado como el comandante Germán del EZLN, se realizó a partir de una decisión política que tenía como objetivo afectar el clima en que se desarrollaba el diálogo de paz en Chiapas.

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